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Vocalista de Sangre Cumbiera se defenderá en libertad tras tragedia en Oruro

El abogado también presentó videos clave que muestran dos momentos de avalanchas humanas en el evento.

24/09/2025 9:35

Vocalista de Sangre Cumbiera se defenderá en libertad tras tragedia en Oruro. Foto: Red Uno
Oruro, Bolivia

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La investigación por la muerte de una joven de 18 años en un concierto del colegio Misael Saracho avanza con nuevas determinaciones judiciales. La directora del establecimiento recibió detención domiciliaria por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves, mientras que el vocalista de Sangre Cumbiera, Percy Ríos, obtuvo libertad aunque continuará bajo investigación.

El abogado del músico, Óscar Ayala, explicó que la defensa pidió la desvinculación total del artista del proceso, ya que —según indicó— no tuvo responsabilidad alguna en la organización ni en la seguridad del evento, pues solo fue contratado para brindar un show musical.

Ayala cuestionó la imputación del Ministerio Público, que le atribuyó al cantante una supuesta violación al “deber de cuidado” con relación al público. “No existe ningún protocolo, norma o contrato que establezca que un artista tenga responsabilidad sobre el control de una multitud. Mi defendido llegó, cantó y se retiró; no tenía por qué velar por la seguridad del lugar”, afirmó.

El abogado también presentó videos clave que muestran dos momentos de avalanchas humanas en el evento: La primera, cerca de la puerta del colegio, donde cayó una viga metálica y ocurrió la tragedia. La segunda, posterior, cuando el cantante interactúa con el público, sin conexión directa con la muerte de la joven.

“Las imágenes demuestran que la fatalidad ocurrió antes de que Percy se lanzara al público. La primera avalancha fue la que causó la muerte. Atribuirle responsabilidad es un criterio irracional”, remarcó Ayala, quien además anunció una apelación porque considera que hubo vulneración del debido proceso y que la detención inicial del cantante fue injustificada.

El proceso continúa en etapa investigativa con un plazo de seis meses, mientras padres de familia, funcionarios municipales y autoridades educativas siguen siendo citados para esclarecer quiénes autorizaron el evento que terminó en tragedia.

 

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