Campero denuncia “robo doble” en sucursales de YPFB en el exterior

En medio del escándalo por la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, realizó denuncias sobre el manejo de empresas vinculadas a la estatal en el exterior.

La Fiscalía Departamental de Tarija investiga un presunto contrabando de exportación agravado por un valor de 14 millones de dólares, mientras desde YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aseguran que todas las exportaciones de los últimos 20 años han sido legales.

Campero cuestionó estas declaraciones y dijo no creer que las irregularidades denunciadas sean recientes. Reveló que el Ministerio Público la contactó recientemente para informarle que está solicitando documentación a YPFB sobre otras empresas similares a Botrading operando en el exterior.

“Una de las respuestas del requerimiento fiscal señala que hoy en día tenemos vigente YPFB Perú y YPFB en Brasil que tienen las mismas características de Botrading”, afirmó.

Campero explicó que el problema de estas empresas es que actúan como intermediarias para vender gasolina y diésel, función que debería asumir directamente YPFB. 

Además, alertó sobre la posible operación de una nueva filial en Argentina. “En el documento de composición de Botrading en el Paraguay se establece que se abrirá un YPFB Internacional en Argentina, que seguramente está vendiendo el carburante que nos hace falta aquí, y ese dinero no retorna. Es un robo doble”, aseguró.

 “Estoy 100% segura que el desvío de carburante que intentó hacer hace pocos días YPFB se ha venido repitiendo constantemente los cinco años de gobierno del señor Luis Arce. Esta no es una denuncia que ha ocurrido por una única vez. Seguramente muchas veces ocurrió y recién ahora que los funcionarios están saliendo por el cambio de gobierno se animan a denunciar”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que si esto fuera una “cacería de brujas”, como argumentan desde el oficialismo, los primeros en ser investigados deberían ser quienes tenían la máxima responsabilidad en el sector energético. “El primer investigado sería el exministro de Hidrocarburos y el exdirector de la ANH, que son altamente responsables de la compra de mal carburante”, concluyó.