Desde la Defensoría del Pueblo, se afirma que se busca proteger los derechos medioambientales y de la Madre Tierra.
21/08/2025 0:05
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La Defensoría del Pueblo de Bolivia logró un importante avance legal en su lucha por la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades. El Tribunal Agroambiental de La Paz, en respuesta a una medida cautelar interpuesta por la institución, ordenó la suspensión temporal del tratamiento legislativo de los proyectos de ley que autorizan los contratos de explotación de litio con las empresas Hong Kong CBS Investment Limited y Uranium One Group Joint.
La exigencia de estudios ambientales
El jefe de la Unidad Constitucional de la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pomier, explicó que la medida cautelar busca que, antes de la aprobación de cualquier contrato, se realicen los estudios de impacto ambiental necesarios. "La Defensoría del Pueblo nos pidió que, previo a la instalación de estos dos proyectos, se garantice el respeto a los recursos hídricos, según la Constitución y la ley del medio ambiente", señaló Pomier.
La Defensoría critica la postura de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que pretendía firmar los contratos y realizar los estudios ambientales posteriormente. Pomier calificó esta postura como "incongruente", destacando la importancia de proteger las aguas subterráneas y fósiles que se encuentran en el lugar donde se instalarían las empresas. Subrayó que la cantidad de agua que se requiere para estos proyectos "no es poca, es grande" y que es fundamental saber cómo se repondrán los acuíferos para mantener el delicado ecosistema.
La importancia de la consulta previa, libre e informada
Además de los estudios ambientales, la Defensoría del Pueblo también enfatiza la necesidad de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas y pueblos campesinos de la zona, en particular la TCO Nor Lípez. Pomier explicó que se debe generar un espacio de socialización y brindar información detallada sobre el impacto ambiental de los proyectos y sus efectos en el ecosistema.
La Defensoría del Pueblo busca prevenir un potencial "riesgo que se puede provocar al equilibrio, al ecosistema frágil y la afectación a la población humana" en el Salar de Uyuni. La institución ha instado a YLB a que establezca el impacto ambiental de manera clara para garantizar la protección de la Madre Tierra y el respeto a los derechos de las comunidades locales.
Se espera que la notificación de la resolución llegue a la Asamblea Legislativa y a YLB en los próximos días, lo que mantendrá en suspenso la tramitación de estos contratos hasta que se cumplan las exigencias de la Defensoría.
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