Polarización en la Asamblea por el PGE 2026: Créditos y empresas públicas en el ojo de la tormenta

El Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado para la gestión 2026, que asciende a Bs 390.000 millones, encendió el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El documento, que ratifica una reducción del gasto público en un 30% pero autoriza un endeudamiento externo de hasta $us 3.500 millones, enfrenta visiones contrapuestas entre los legisladores.

En una confrontación en el programa “Que no me pierda”, los diputados Ricardo Rada (PDC) y Lissa Claros (Libre) expusieron la fractura legislativa sobre el manejo de las empresas públicas y la sostenibilidad del modelo económico.

Lissa Claros: "No podemos seguir pagando agujeros negros"

La diputada de la bancada Libre, Lissa Claros, calificó el presupuesto de "totalmente irresponsable y engañoso", centrando su crítica en el uso de los créditos internacionales para sostener empresas estatales que operan en números rojos.

"No necesitaríamos prestarnos ni un solo dólar si es que redujéramos en 25% las empresas públicas deficitarias... Lo que aquí no se quiere hacer es recortar estas empresas y nos engañan de manera dolosa diciendo 'vamos a reducir el aparato', pero en lo que más se gasta es en ellas", afirmó Claros.

La legisladora advirtió que la aprobación de este presupuesto disparará la inflación y pondrá en riesgo la moneda nacional. "Nos vamos a prestar no para estabilizar la economía, sino para seguir pagando agujeros negros que son empresas públicas deficitarias", sentenció, asegurando que su bancada no aprobará el documento si no se conmina por ley al cierre de las entidades en quiebra técnica.

Ricardo Rada: "Es deuda para reactivar la economía"

Por su parte, el diputado Ricardo Rada defendió la propuesta del Ejecutivo, destacando que el PGE 2026 ya incluye un recorte significativo en la burocracia y fomenta la transparencia mediante herramientas digitales de fiscalización ciudadana. Rada cuestionó lo que llamó la "doble moral" de los líderes opositores.

"Todos los líderes de opinión, todos los que querían ser presidente de este país ofrecían créditos... Bolivia necesita crédito para salir adelante y para estabilizar su economía", argumentó Rada.

El diputado del PDC subrayó que los recursos provenientes de organismos como el BID y la CAF son vitales para financiar hospitales, carreteras y plantas de energía. Sobre el conflicto de las empresas públicas, Rada pidió celeridad: "Mientras más tardemos en aprobar el presupuesto, más va a tardar en correr dichos 30 días [para el análisis de cierre]. Lo que se quiere es jugar a la política para poner trabas a la gestión".

El nudo del debate: El Artículo 7

El punto de mayor fricción radica en la interpretación del Artículo 7 del PGE. Según Claros, el texto es ambiguo porque solo pide "estudios técnicos" sin obligar al cierre de las 12 empresas que ya estarían identificadas como deficitarias. "Es una barbaridad seguir endeudando al país para pagar a una tropa de funcionarios", insistió.

En contraste, Rada aseguró que el Gobierno está respetando la independencia de la Asamblea y que la transparencia está garantizada. "Se está implementando una aplicación para que cada boliviano pueda ver hasta el último centavo de los créditos a dónde se va a destinar... Ya no va a ir al dirigente ni al ministro", concluyó.

El debate técnico propuesto por la oposición y la urgencia política del oficialismo marcan el inicio de una semana decisiva en la Comisión de Planificación, donde se definirá si el país asume el nuevo techo de endeudamiento o si se imponen ajustes estructurales al aparato estatal.