Productores denuncian sobre millonario negociado y guerra sucia en Emapa

La investigación por presuntos hechos de corrupción dentro de Emapa continúa revelando nuevos alcances. El Gobierno informó recientemente que el daño económico superaría los 95 millones de bolivianos, pero los productores afirman que la afectación real sería mucho mayor y que el esquema irregular lleva operando varios años.

Mario Moreno, presidente de Promasor, aseguró que la red de corrupción habría comenzado a evidenciarse desde el año 2020, coincidiendo con el inicio de la gestión del presidente Luis Arce.

Explicó que el sector productivo detectó movimientos anómalos en la comercialización de maíz subvencionado, incluido el ingreso de grano de contrabando desde Argentina.

“Desde que entró el último presidente, Arce, ya identificamos irregularidades. Detectamos una guerra sucia con los precios. Introducían maíz transgénico argentino que allá costaba 32 bolivianos el quintal y aquí lo revendían a 71, mientras EMAPA lo subvencionaba a 65”, afirmó Moreno.

El dirigente calculó que solo por la diferencia de precios se generaba un margen de más de 20 a 30 bolivianos por quintal, y que durante cuatro años habrían ingresado entre 400 mil y 500 mil toneladas de maíz de contrabando.

Según sus estimaciones, este movimiento ilegal representaría un negociado que podría alcanzar los 100 millones de dólares, cifra muy superior al daño oficial reportado por el Gobierno.

Moreno también expresó dudas sobre la manera en que se está llevando adelante el proceso penal, especialmente respecto al tratamiento otorgado al exdirector de EMAPA, Franklin Flores.

“Me parece raro que no le pongan medidas sustitutivas ni arraigo. No tiene lógica. Esto genera dudas porque él es responsable de este negociado que nos afectó durante años”, señaló.

El dirigente de Promasor aseguró que la distorsión en los precios provocada por el contrabando y la manipulación de la subvención golpeó fuertemente al sector productivo, especialmente en años marcados por la sequía y la falta de acceso a biotecnología.

“Muchos productores trabajaron a pérdida. Otros migraron a diferentes actividades y dejaron de producir. Nuestra producción cayó a 300 mil o 350 mil toneladas, porque simplemente no podíamos competir con el maíz subvencionado e ilegal”, explicó.