El sector denuncia paralización a nivel nacional, pérdidas incalculables y falta de respuestas del Gobierno, mientras alista un ampliado para definir acciones contundentes.
24/04/2026 7:42
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El transporte pesado en Bolivia atraviesa una de sus peores crisis debido a la escasez de diésel, situación que ha generado paralización de operaciones, pérdidas económicas y creciente malestar en el sector. Dirigentes advierten con asumir medidas de presión si no se garantiza el abastecimiento de combustible en el corto plazo.
“El país está sin diésel, no hay importaciones suficientes y nuestras unidades están paradas en diferentes puntos esperando cargar combustible”, denunció el dirigente del Transporte Asalariado, Pedro Quispe, quien además cuestionó la falta de facturación y compra por parte de empresas encargadas del suministro.
El impacto económico es significativo. Según el sector, la paralización afecta a toda la cadena productiva, desde el transporte nacional e internacional hasta industrias como la azucarera en plena zafra.
“Estamos perdiendo todos, esto es incalculable”, afirmó Quispe.
En ese contexto, el dirigente sostuvo que el problema no se resolverá únicamente con cambios de autoridades, sino con medidas estructurales que garanticen el suministro continuo de carburantes.
“No es solución cambiar ministros si no hay recursos para comprar combustible”, enfatizó.
Entre las propuestas, el sector plantea abrir la importación de combustibles a empresas privadas, tomando como referencia modelos de países vecinos.
“El privado puede traer combustible con su propio capital, como ocurre en Perú, Chile o Brasil. Esa sería una solución inmediata”, explicó.
Asimismo, denunció problemas en la calidad del combustible distribuido en el país, atribuyéndolos a mezclas inadecuadas en plantas estatales.
El sector anunció un ampliado nacional para el próximo 28 de abril en Santa Cruz, donde se definirán posibles medidas de presión, que podrían incluir paros o bloqueos de carreteras si no se atienden sus demandas.
Mientras tanto, los transportistas exigen al Gobierno respuestas claras y urgentes para evitar un mayor impacto en la economía y garantizar la continuidad de sus operaciones.
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