El Órgano Judicial exigió al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie con urgencia respecto a las acciones constitucionales interpuestas contra autoridades judiciales electas.
17/06/2025 18:08
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En una reunión extraordinaria celebrada este martes, las máximas autoridades del Órgano Judicial determinaron una serie de acciones clave orientadas a resguardar la independencia judicial, sancionar a jueces que actúen fuera de su competencia y exigir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un pronunciamiento claro en defensa de la democracia y la institucionalidad del país.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció en conferencia de prensa la creación inmediata de un Observatorio para la Independencia Judicial, instancia que tendrá como objetivo detectar y alertar sobre cualquier tipo de injerencia interna o externa que ponga en riesgo la autonomía del sistema judicial boliviano.
“Este observatorio va a estar pendiente de cualquier tipo de intervención que trate de afectar la independencia del Órgano Judicial. Es una medida preventiva y de control que responde a la coyuntura actual del país”, indicó Saucedo.
Como segundo punto, el pleno judicial resolvió iniciar procesos disciplinarios contra jueces que estén actuando sin competencia legal, según lo establecido por jurisprudencia vigente. Estas acciones se aplicarán tanto en áreas urbanas como rurales, y serán canalizadas por el Consejo de la Magistratura a través de sus mecanismos disciplinarios.
“Hay jueces en provincia y en capital que han asumido roles que no les competen. Esto no puede permitirse y se tomarán las medidas correspondientes”, advirtió el titular del TSJ.
En un tercer punto de la resolución, el Órgano Judicial exigió al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie con urgencia respecto a las acciones constitucionales interpuestas contra autoridades judiciales electas, muchas de las cuales se encuentran actualmente en ejercicio de funciones.
“El TCP debe manifestarse en resguardo de la democracia y la institucionalidad. Ninguna acción constitucional ni medida cautelar puede suspender a una autoridad elegida por el soberano”, subrayó Saucedo, en una clara alusión a recientes controversias sobre la legitimidad de ciertas decisiones judiciales en curso.
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