Amplían cargos contra exfuncionarios de Aduana por el caso 'maletas'

La investigación por el denominado caso 'maletas' dio un giro en las últimas horas. El Ministerio Público amplió la imputación contra tres exfuncionarios de la Aduana Nacional, quienes ahora no solo son investigados por incumplimiento de deberes, sino también por el delito de uso indebido de influencias.

Los exservidores públicos Fernando Beltrán Martínez, Olber Amílcar Maidana y David Bernardo Alanoca se encuentran aprehendidos mientras avanza el proceso.

La abogada defensora, Susana Cazón, afirmó que la ampliación de la investigación se basa en la declaración de la exadministradora Mónica Castro —actual directora jurídica de Aduana— quien habría señalado que se le informó que la persona involucrada en el caso ya no era diputada, pero que aun así se procedió sin la revisión correspondiente.

Cazón explicó que inicialmente el proceso se abrió por incumplimiento de deberes; sin embargo, tras la declaración testifical del pasado 3 de febrero, la Fiscalía amplió la investigación por uso indebido de influencias, un delito con mayor pena privativa de libertad.

“Lastimosamente, en base a esta declaración, ahora estas tres personas están siendo investigadas por un delito que tiene una pena privativa de libertad mayor”, sostuvo. “La situación jurídica de mis defendidos ha empeorado en base a una declaración que no se ajusta a lo que realmente ocurrió”, agregó.

“Prácticamente trata de deslindar responsabilidad a este exservidor público que en su momento tenía el cargo de administrador del aeropuerto Viru Viru”, afirmó la jurista, en referencia a David Alanoca.

La defensa anunció que presentará una denuncia por presunto falso testimonio y que pedirá una revisión objetiva del caso. “Vamos a demostrar que ninguna de estas acusaciones se ajusta a lo que ha pasado realmente”, aseguró.

La defensa argumenta que existe una confusión respecto a si se trataba de equipaje común o de una valija diplomática. Según Cazón, las maletas contaban con precinto rojo, característica establecida en normativa y respaldada por la Convención de Viena, que señala que la valija diplomática está exenta de revisión.

No obstante, desde la Aduana se mencionó el reglamento de viajeros y otras normativas internas que establecerían la obligación de supervisión.

Otro punto clave es el uso de un pasaporte diplomático presuntamente vigente hasta 2026, pese a que la persona involucrada ya no ejercería funciones como diputada.

La abogada afirmó que sus defendidos no tenían forma de verificar si el pasaporte diplomático estaba siendo utilizado de manera irregular, “La Aduana Nacional no tiene un sistema informático en el cual se pueda determinar si una persona es o no es diplomática”, afirmó.

“En ningún momento migración alertó sobre un posible mal uso del pasaporte”, remarcó.

También señaló que el control migratorio corresponde a otras instancias. “En ningún momento Migración alertó sobre el mal uso de ese pasaporte diplomático”, enfatizó.