Áñez le dice a Luis Arce que TCP y una ley de la Asamblea ratificaron constitucionalidad de su mandato

Desde la cárcel de Miraflores en La Paz, la expresidenta Jeanine Áñez envió una carta al presidente Luis Arce, en la que asegura que su mandato transitorio fue constitucional, refrendado por una Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional y una ley emanada de la Asamblea Legislativa.

“No soy rea más que de la injusticia, el odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada, característica de los regímenes totalitarios”, dice en su misiva.

El pronunciamiento de Áñez surge luego que un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional definiera que la sucesión Ipso Facto solo opera para presidenta y vicepresidente y no alcanza a los presidentes de las cámaras legislativas.

Áñez recuerda que hace siete meses fue secuestrada en la ciudad de Trinidad y trasladada ilegalmente a La Paz, ante la denuncia de una exdiputada del MAS sobre supuestos delitos de terrorismo, conspiración y sedición.

Relata que por igual tiempo es víctima de una mal llamada detención preventiva, de ataques y torturas diarias negándole el ejercicio de sus derechos fundamentales y privándole de su libertad de manera abusiva e injusta.

Se considera prisionera en un proceso sin pruebas ni garantías constitucionales y con delitos inventados, al extremo que dentro las arbitrariedades, el gobierno llegó a desconocer su mandato como presidente constitucional.

Afirma que dicho desconocimiento es un absurdo inconcebible porque la sucesión constitucional fue refrendada por la Declaración N°001/2020 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional el 15 de enero de 2020 y la Ley N° 1270 de 20 de enero de 2020 mediante la cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional -integrada en más de dos tercios de parlamentarios del MAS - ratificó la constitucionalidad de mi mandato.

Denuncia que funcionarios del Ministerio de la Presidencia, de Gobierno, de la Procuraduría General del Estado, junto a los administradores de justicia, cometen abuso de autoridad a través de continuadas y reiteradas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes para solamente humillarla de las formas más bajas y crueles.

“Señor presidente, lo invoco a la reflexión y a la reconducción de las acciones ilegítimas e ilegales, abusivas y tortuosas, para que respeten mis derechos y garantías como ciudadana boliviana y como expresidenta constitucional”, agrega.