Bonos con sobreprecio: revelan detalles del caso contra exautoridad del BCB

La investigación contra Edwin Rojas Ulo, exautoridad del Banco Central de Bolivia, se centra en un presunto daño económico al Estado de 142,3 millones de dólares, vinculado a la compra de bonos con sobreprecio durante su gestión.

El caso salió a la luz tras su aprehensión y fue explicado por el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, quien detalló que la denuncia se sustenta en un informe de auditoría emitido en marzo de 2026.

Operaciones bajo la lupa

Según el informe, se identificaron al menos siete operaciones financieras con observaciones. En uno de los casos, una entidad ofertó bonos por aproximadamente 12,3 millones de dólares, pero el Banco Central habría concretado la compra por más de 21,7 millones, generando una diferencia superior a 9 millones de dólares en una sola transacción.

De acuerdo con la autoridad, este tipo de operaciones se habría repetido en distintas ocasiones, acumulando el monto total que hoy es investigado por el Ministerio Público.

Correos y registros contables

Uno de los elementos clave del caso es la existencia de correos electrónicos en los que presuntamente se instruye modificar registros contables después de realizadas las operaciones.

Inicialmente, algunas transacciones habrían sido registradas a valor de mercado; sin embargo, posteriormente se habría ordenado consignar el valor efectivamente pagado, lo que refuerza las sospechas de irregularidades.

“Estamos hablando de 142,3 millones de dólares establecidos a partir de una auditoría. No es una apreciación subjetiva, sino un trabajo técnico que identifica operaciones con sobreprecio”, afirmó García.

Investigación en curso

La investigación no se limita a una sola exautoridad. Según el viceministro, también involucra a distintos niveles dentro de la estructura del Banco Central, incluyendo áreas técnicas e instancias de decisión que participaron en las operaciones.

“Cuando existen indicios de daño económico al Estado y posibles alteraciones en registros contables, corresponde activar acciones legales y determinar responsabilidades”, sostuvo.

Desde el Viceministerio de Transparencia se aseguró que el proceso continuará con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger los recursos públicos y garantizar una gestión estatal transparente.