Rómulo Calvo afirmó que la crisis política y social en el país inició en el gobierno de Evo Morales con la vulneración a la voluntad popular del 21F
18/08/2021 21:59
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El Comité pro Santa Cruz, convocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a sostener una reunión en las instalaciones de la casa moral de los cruceños, para que complemente el informe de los conflictos sociales de 2019 con las observaciones y su participación en dichos eventos.
“Invitamos al GIEI que nos visite y conozca de primera mano cual es la lucha del pueblo cruceño y del pueblo boliviano. Todos sabemos que la génesis de este problema fue la violación de la voluntad popular del 21F”, afirmó Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico cruceño.
El líder cívico aseguró que tanto el presidente Luis Arce y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, hacen una referencia negativa contra el Comité pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, en el cual "tergiversa todos los informes con unas ansias de perseguir a los líderes que defendieron la democracia".
Sostuvo que la crisis política y social en el país inició en el gobierno de Evo Morales con la vulneración a la voluntad popular del 21F, el fraude del 2019, los asesinatos en Montero (Mario Salvatierra y Marcelo Terraza) y la violación de las mujeres en Vila Vila.
En el informe del GIEI se menciona varias veces al Comité Cívico Pro Santa Cruz y se observa los "permisos" para circular que se emitieron mientras se cumplían los paros cívicos durante los días movilizaciones por los 21 días.
“La exigencia de permisos emitidos por el Comité Cívico Pro Santa Cruz fue una práctica no amparada por el derecho de protesta. La limitación del derecho de circulación es un acto privativo de potestad exclusiva del Estado bajo estrictas normas y estándares jurídicos para calificar su legalidad”, se lee en parte del documento del organismo.
Calvo aseguró que, pese a que fueron citados en el informe, en ningún momento fueron convocados para realizar alguna complementación.
El dirigente añadió que se encuentra “completamente de acuerdo” que se investigue y sancione las muertes que ocurrieron en Senkata y Sacaba.
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