Defensoría expresa preocupación por decisiones en caso Senkata

La Defensoría del Pueblo informó que realiza un seguimiento permanente a la situación de las víctimas de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019. En ese marco, a través de un comunicado, expresó su extrema preocupación por el riesgo de que estas decisiones generen espacios de impunidad y vulneren los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva. En esa línea, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de los procesos y la necesidad de adoptar medidas urgentes.

En este contexto, familiares y víctimas de Senkata manifestaron su profunda preocupación por las recientes determinaciones judiciales adoptadas en los procesos penales vinculados a estos hechos, particularmente la decisión de anular obrados hasta fojas 2 de los antecedentes, pese a que la causa penal fue iniciada el 19 de noviembre de 2019, es decir, hace más de cinco años.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) devela la vulneración de derechos humanos en los hechos de 2019 y recomienda investigar de manera seria, exhaustiva, diligente y con pleno respeto al debido proceso, garantizando tanto los derechos de las víctimas y su acceso a la tutela judicial efectiva, como de las personas imputadas.

Asimismo, la defensoría solicitó al fiscal general del Estado, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que informen sobre las acciones realizadas en el marco de sus competencias. Se requirió también que se garantice la protección de denunciantes, víctimas y testigos conforme a la Ley N° 458, y que se informe sobre las gestiones en curso para el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI-Bolivia.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de acompañar y vigilar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y procesados, y exigió al Estado adoptar medidas que eviten que el juicio de responsabilidades se convierta en un mecanismo para diferir indefinidamente el acceso a la justicia y el esclarecimiento de la verdad.

Mire el comunicado de la Defensoría del Pueblo: 

Mire el video: