“Está en el marco de la ley de autonomía”: Gobernación cruceña plantea un nuevo Pacto Fiscal 50-50

¿Es posible un nuevo pacto fiscal en Bolivia, dadas las condiciones actuales del país y con el Gobierno nacional en ejercicio? Esa es la interrogante que se le planteó al asesor de Economía de la Gobernación de Santa Cruz, Darío Monasterio, quien no solo afirmó que sí es posible, sino que lo considera urgente y legalmente procedente.

El debate sobre el pacto fiscal no es reciente. Las nueve gobernaciones del país, lideradas actualmente por Santa Cruz, han retomado esta vieja demanda con renovado ímpetu, amparándose en la normativa vigente y en una necesidad imperiosa de reequilibrar las finanzas regionales.

Uno de los modelos planteados por la Gobernación cruceña, es el Pacto Fiscal 50-50, en el que el 50% de la recaudación tributaria nacional sería distribuida entre gobernaciones, municipios y universidades, mientras el otro 50% quedaría en manos del Gobierno central.

“Esta distribución equitativa permitiría cumplir con las funciones que tienen las entidades territoriales autónomas”, puntualizó el asesor.

Otro planteamiento propone que impuestos específicos, como el IVA, se queden íntegramente en el departamento donde fueron generados. Por ejemplo, solo en Santa Cruz, el IVA recauda anualmente 4.000 millones de bolivianos. Bajo el modelo 50-50, la Gobernación recibiría aproximadamente 1.600 millones, sin contar a los municipios.

La urgencia de este cambio se evidencia en la caída de ingresos. Monasterio señaló que actualmente la Gobernación cruceña recibe un 40% menos que en años anteriores, debido a factores como la baja producción hidrocarburífera, la falta de control sobre las políticas del sector y la caída de los precios internacionales.

La clave, según el asesor, es recuperar el dominio impositivo a nivel departamental. La idea no es desplazar al Servicio de Impuestos Nacionales, sino que este continúe recaudando, pero los recursos vayan directamente a las regiones.

Aunque las propuestas están claras, el desafío ahora es político. Monasterio remarcó la importancia de articular un diálogo nacional con el Gobierno central a través del Consejo Nacional de Autonomía, donde están representados gobernadores y alcaldes.

“Debe hacerse fuerza común, con instituciones como el Comité pro Santa Cruz, y por qué no, con el Movimiento Cívico Nacional. Las nueve gobernaciones están de acuerdo y han participado en la elaboración de las propuestas. Ahora, toca que se escuche nuestra voz y que el Gobierno actúe con responsabilidad”, concluyó.