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"Esta gente merece cárcel": Identifican a cabecillas de avasallamiento en Guarayos

El abogado de la propietaria advirtió sobre la estrategia mediática de los ocupantes y su posible intención de consolidar terrenos antes del cambio de mando presidencial.

Álvaro Latorre, abogado del predio El Encanto
Santa Cruz, Bolivia

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Un nuevo avasallamiento se registró en la propiedad "El Encanto", ubicada en el municipio de Guarayos, departamento de Santa Cruz, donde un grupo de entre 30 y 50 personas se asentó de manera ilegal, según denunció el abogado de la propietaria, Álvaro Latorre. El hecho se suma a un historial de ocupaciones irregulares de la comunidad Monteverde, que ya había sido desalojada en 2021.

Según Latorre, los avasalladores mostraron su rostro públicamente, posiblemente como parte de una estrategia mediática para generar solidaridad con su causa.

Hay dos líderes claramente identificados: Martín Andrade y Felipe Pérez, conocido como ‘El Tuco’. Ellos buscan generar lástima y apoyo mediático para su acción ilegal”, aseguró el jurista.

Además, indicó que detrás de esta ocupación podría estar involucrado el abogado Sergio Imana, exdirector del INRA: “Nos han informado gente de lugar… quien estaría detrás de esto sería el abogado Sergio Imana, exdirector del INRA, uno de los responsables de la quema de la Chiquitanía en 2019, y tendrían algún tipo de estrategia legal para causar conmoción antes del cambio de mando en fecha 8 de noviembre”.

El abogado afirmó que los asentados aseguran haber pagado montos por persona entre 15.000 y 20.000 dólares mediante créditos del Banco de Desarrollo Productivo, y buscan que se reconozcan los gastos que han generado dentro de la propiedad.

Latorre calificó estas acciones de “cinismo absurdo” y aseguró que los responsables deben enfrentar la ley, incluyendo a quienes podrían estar instigando el hecho.

Los ocupantes, afirmó el abogado, construyeron un puente sobre una zanja que los propietarios habían hecho con excavadora, de aproximadamente 5 metros de ancho por 3 de profundidad, logrando consolidar su asentamiento y venciendo la resistencia de un grupo de trabajadores. “Ellos saben perfectamente que es propiedad titulada y aun así avanzan con esta estrategia mediática”, agregó.

Para Latorre, la ubicación estratégica de Cerro Grande permitiría a los avasalladores establecer un corredor que podría ser utilizado para el tráfico y control de la zona.

Las autoridades locales y el Ministerio Público han sido informados de la situación, y se espera que tomen medidas para restituir la legalidad en la propiedad. Mientras tanto, los vecinos y la propietaria permanecen atentos a las acciones de la policía y las instancias judiciales.

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