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Esto es lo que se sabe del millonario desfalco en YPFB Refinación

En el caso Indueste, YPFB Refinación S.A. presentó una denuncia penal tras identificar, mediante una auditoría interna, presuntas irregularidades en contratos de suministro de aceite de soya que habrían generado un perjuicio económico de Bs 1.000 millones.

20/03/2026 18:38

YPFB Refinación denuncia daño económico de Bs 1.000 millones por irregularidades en contratos de aceite de soya. Foto: YPFB Refinación
Santa Cruz, Bolivia

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La nueva administración de YPFB Refinación S.A. identificó hallazgos relevantes e irregularidades en contratos de suministro de aceite de soya para la producción de biodiésel en Santa Cruz. Como resultado, se presentó una denuncia penal contra la empresa privada Agroindustrial del Este – Indueste SRL y la alta dirección anterior de YPFB Refinación S.A. por contratos lesivos, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica, que habrían causado un perjuicio económico aproximado de Bs 1.000 millones. 

La investigación documentó que la administración anterior modificó el reglamento de garantías antes de la ejecución de dichos contratos, permitiendo la entrega de anticipos a Indueste SRL, sin contar con respaldos suficientes ni una evaluación adecuada de riesgos, según un reporte de prensa de la entidad.

De acuerdo con información oficial, el primer contrato fue suscrito el 4 de abril de 2024 y el segundo, seis meses después, el 30 de octubre de 2024, sumando ambos un total de Bs 1.058 millones. Mediante varias transferencias, por concepto de anticipos, sin la presentación de garantías suficientes, Indueste SRL recibió Bs 1.040 millones en el lapso de un año, entre abril de 2024 y abril de 2025. Este dinero habría estado destinado para la compra de 133.450 toneladas de aceite de soya, de las cuales, la empresa Indueste SRL solo entregó 17,3% del volumen comprometido en los dos contratos. 

Frente a esta situación, YPFB Refinación S.A. activó todas las acciones legales para exigir el resarcimiento económico y la reparación civil conforme a la normativa vigente, con el objetivo de resguardar los recursos públicos y establecer las responsabilidades correspondientes. 

Finalmente, el ejecutivo aclaró que estos hechos no afectan la capacidad de procesamiento de petróleo crudo en el país. 

 

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