Desde el año 2013, Bolivia ha sido escenario de un polémico conjunto de leyes y decretos que, según críticos y ambientalistas, han fomentado la deforestación y los incendios forestales en el país. A esta legislación se le ha denominado “leyes incendiarias” por su impacto negativo en el medio ambiente.
Ley 741 de Autorización de quema y desmonte
- Promulgada en el gobierno de Evo Morales el 29 de septiembre de 2015.
- El objeto de la Ley es autorizar el desmonte de hasta 20 en pequeñas propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas con asentamientos humanos.
- La ley tenía la finalidad de ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar el Soberanía y Seguridad Alimentaria.
- Art. 3 La autorización: Desde la vigencia de la presente Ley, la ABT autorizará el desmonte hasta de 20 hectáreas con cobertura boscosas, aptas para diversos usos y en tierra de producción forestal permanente, sin la presentación de planes de ordenamiento predial.
- Permitió la actividad de los chaqueos en zonas que registraron datos alarmantes de incendios, sobre todo en 2019 con la quema de más de 5,3 millones de hectáreas en la Amazonía y Chiquitanía de Bolivia.
- A la ley 741 se complementa con otras dos leyes: por un lado, la ley 740 que amplía la verificación de la Función Económica Social; y la ley 1098 que permite “la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal[6], con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía.
- El 16 de septiembre de 2020, el Gobierno de Jeanine Áñez, abrogó la Ley 471 que propiciaba la quema y aprobó la ley de emergencia nacional por el incendio en el oriente boliviano. En la ocasión, el ministro Yerko Núñez, anunció un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y sus ministros.
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