Magistratura: Más del 20% de los jueces en Bolivia enfrentan procesos disciplinarios

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, reveló que más del 20% de los 1.203 jueces en funciones en el país enfrentan procesos disciplinarios, en el marco de un proceso de transformación integral y de control interno dentro del Órgano Judicial.

“Se está gestionando una transformación no parcial, sino trascendental en el Órgano Judicial. Hemos logrado restablecer el sistema disciplinario; a la fecha se tiene más del 20% de jueces procesados por faltas disciplinarias”, señaló Baptista en un video institucional difundido por la entidad.

Según la autoridad, esta cifra refleja la recuperación del sistema de control y fiscalización en el ámbito judicial, con el objetivo de marcar una diferencia respecto a anteriores gestiones caracterizadas por la falta de seguimiento a los procesos internos.

“Muchos de estos casos podrían derivar en sanciones de destitución por mal funcionamiento de los juzgados”, precisó Baptista, al aclarar que el propósito de estas acciones no es sancionar indiscriminadamente, sino garantizar una administración de justicia transparente, eficiente y sujeta a la ley.

En ese contexto, el titular del Consejo informó que también se reactivaron procesos penales contra jueces investigados por presuntos delitos de prevaricato, que permanecían inactivos desde gestiones anteriores.

“También hemos activado los procesos penales que estaban dormidos en contra de los jueces. No queremos hacer una cacería de brujas, pero debemos actuar con firmeza frente a los malos administradores de justicia”, manifestó.

Paralelamente, el Consejo de la Magistratura trabaja en la elaboración de una norma nacional para la protección de la independencia judicial, que incluirá un reglamento y un protocolo de actuación para resguardar el trabajo autónomo de los jueces y sancionar cualquier intento de interferencia.

El presidente del Consejo concluyó señalando que la independencia del Órgano Judicial debe ser garantizada no solo desde el punto de vista normativo, sino también financiero, como parte del proceso de fortalecimiento institucional que busca devolver la confianza ciudadana en la justicia boliviana.

Con información de ABI.