Mujer denuncia que su bus incautado fue desmantelado bajo custodia policial y anuncia demanda

La propietaria de un bus incautado hace cuatro años, que recientemente fue recuperado en calidad de "chatarra" y completamente desmantelado, escaló su denuncia por presunto perjuicio y corrupción contra altos mandos de la Policía de Santa Cruz. La afectada exige una reparación por los graves daños y anuncia acciones legales a nivel internacional.

El caso, que ya había generado indignación por el estado en que la mujer encontró su vehículo, ahora se centra en la cadena de mando que, según la denunciante, permitió el desmantelamiento del motorizado mientras estaba bajo custodia policial.

Acusaciones contra jefes policiales

La propietaria, Verónica Loayza, responsabilizó directamente a altos funcionarios que estuvieron a cargo de la División de Trata y Tráfico durante el periodo de la incautación, incluyendo a quien actualmente ejerce como Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba.

La denuncia detalla cómo el bus fue secuestrado por orden de un capitán, transmitida a tenientes específicos. La afectada sostiene que el desmantelamiento ocurrió bajo la custodia de la fuerza del orden. Además, Loayza reveló una presunta cadena de cobros irregulares: "El 2022 nos hacen la devolución, indicando que había que pagarle 10.000 bolivianos a un suboficial, porque el suboficial pretendía los 10.000 para hacer el acta de la devolución".

La denunciante también señaló que, al intentar recuperar el bus en 2024, el dueño del garaje le pretendía cobrar 84.000 bolivianos por el parqueo.

Debido a la magnitud de los daños en el bus, que actualmente se encuentra inservible a la espera de ser reparado, y ante la falta de cooperación de las autoridades policiales para facilitar la recuperación, Loayza anunció que intensificará su batalla legal.

La propietaria afirmó que presentará un amparo constitucional para la reparación de daños contra el director departamental y el comandante general. Lo más significativo es su intención de llevar el caso a organismos internacionales para sentar un precedente contra los abusos cometidos bajo custodia estatal. Loayza busca justicia no solo por la pérdida de su capital, sino para que se investigue y sancione la presunta red de corrupción que opera con vehículos incautados.