Situación legal de Jhonny Fernández: ¿Qué dice la Ley 482 sobre su permanencia en el cargo?

La situación jurídica del alcalde Jhonny Fernández, tras ser enviado a Palmasola, activa de inmediato los mecanismos de control previstos en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se prepara para evaluar si la detención preventiva constituye un "impedimento" que impida el ejercicio de sus funciones.

“No olvidemos que, al quedar un vacío en el municipio, se imposibilita hacer gestión y bajo el principio de continuidad administrativa, es importante que el Concejo sesione”, explicó Juan Carlos Medrano.

La normativa vigente busca evitar que la administración pública se paralice ante la ausencia física y legal de la máxima autoridad ejecutiva.

El análisis técnico se centrará en la imposibilidad operativa de gestionar una metrópoli desde un centro penitenciario, algo que la ley no contempla como ejercicio válido del cargo. “Hay mucha cantidad de información que tiene que revisar y firmar un alcalde; no lo va a poder hacer desde Palmasola”, sentenció el presidente del Concejo.

De acuerdo con el procedimiento, el ente legislativo debe recibir la resolución judicial formal para determinar el alcance del mandato de detención. “La norma establece que el Concejo Municipal debería elegir a un alcalde interino, sin embargo, tenemos que revisar la resolución”, acotó Medrano sobre los pasos a seguir.

El artículo relativo a la suplencia temporal indica que la prioridad para asumir el cargo recae inicialmente en los concejales de la misma agrupación política del alcalde electo. “La ley dice que, en caso de impedimento del alcalde, debería asumir un concejal de la misma fuerza política”, recordó el titular del órgano deliberante.

Sin embargo, la normativa también prevé escenarios de falta de consenso o ausencia de candidatos dentro de la misma línea partidaria para ocupar la silla municipal.

“En caso de que no haya uno o no tenga la votación suficiente, podría ser cualquier otro concejal”, aclaró Medrano respecto a la flexibilidad del reglamento.

La transición administrativa se vuelve urgente considerando que el municipio no puede quedar acéfalo mientras se resuelven las apelaciones o procesos judiciales del burgomaestre. “Es muy importante que el municipio no se quede acéfalo, por eso queremos revisar los alcances de esta resolución para actuar conforme a derecho”, enfatizó la autoridad.

El Concejo Municipal ha reafirmado que su actuación se mantendrá estrictamente apegada a la Ley 482 y al Reglamento General del Concejo para garantizar la institucionalidad. “Somos respetuosos del derecho, vamos a esperar la notificación oficial para tomar una decisión definitiva”, concluyó el presidente del ente legislativo.