Yussef Akly habría salido del país vulnerando la ley de permanencia obligatoria

El Ministerio de Gobierno informó este viernes que el expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, habría salido del país vulnerando la Ley Nº 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado señaló que dicha normativa establece que toda autoridad que deja funciones debe permanecer en Bolivia durante seis meses, con el objetivo de garantizar su disponibilidad ante posibles auditorías, investigaciones, fiscalizaciones o requerimientos vinculados a su gestión.

Según el Ministerio de Gobierno, la salida de Akly del territorio nacional habría ocurrido de manera irregular, por lo que se instruyó el inicio inmediato de una investigación exhaustiva mediante la Dirección General de Migración.

Las autoridades buscan identificar y sancionar a funcionarios o servidores públicos que presuntamente facilitaron, permitieron o incumplieron controles que derivaron en la salida del exejecutivo de la estatal petrolera.

“El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencia para evadir responsabilidades”, señala parte del pronunciamiento oficial.

Yussef Akly permaneció cerca de cuatro meses al frente de YPFB, periodo marcado por problemas en el abastecimiento de combustibles y cuestionamientos a la gestión de la empresa estatal.

Posteriormente fue destituido del cargo y reemplazado por Claudia Cronenbold.

Más adelante, el 23 de abril de 2026, Sebastián Daroca Oller fue posesionado como nuevo presidente ejecutivo interino de YPFB por el presidente Rodrigo Paz.

Daroca asumió funciones con el mandato de normalizar el abastecimiento de combustibles y fortalecer la lucha contra presuntos hechos de corrupción dentro de la estatal petrolera.

El caso de Yussef Akly ahora suma un nuevo foco de atención política y administrativa mientras avanzan las investigaciones sobre su salida del país.