Tras más de dos años y medio detenido preventivamente, el gobernador de Santa Cruz espera que la justicia reconozca el vencimiento de los plazos y resuelva su situación jurídica
25/08/2025 9:20
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Gran expectativa genera la audiencia judicial que este lunes evaluará la situación de detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a más de 970 días de haber sido aprehendido en diciembre de 2022 en el marco del denominado caso “Golpe I”. Desde la alianza Creemos consideran que este puede ser el primer paso hacia su liberación y cuestionan el uso prolongado de la detención sin sentencia.
“Decirle al pueblo boliviano que son 970 días desde aquel fatídico 28 de diciembre, donde Luis Fernando Camacho fue secuestrado. Hoy los bolivianos estamos viendo el inicio de una transformación en la justicia, buscando independencia del Órgano Judicial frente a la presión del MAS”, declaró el senador de Creemos, Henry Montero.
Montero sostuvo que la detención de Camacho ha sido ampliamente cuestionada, incluso por organismos internacionales, por lo que espera que la justicia actúe ahora conforme a ley. “La detención preventiva ya ha excedido el plazo de seis meses establecido por la normativa boliviana”, agregó.
Camacho enfrenta actualmente dos causas con detención preventiva: el caso Golpe I y el caso del paro de los 36 días en Santa Cruz. Montero señaló que ambas deben ser tratadas con celeridad. “Hoy es la audiencia por Golpe I, y exigimos que se instale también la audiencia por el caso del paro. Solo así podrá volver al departamento de Santa Cruz y recuperar su libertad”, expresó.
El senador también pidió que se investigue el rol de fiscales y jueces en este proceso. “Sí, se tiene que investigar. También hemos escuchado al Fiscal General, quien afirmó que los que deben liberar son los jueces, pero la carga procesal y la solicitud de imputación provienen de la Fiscalía. Por eso se debe realizar una auditoría", finalizó.
Camacho fue aprehendido en 2022 y trasladado desde Santa Cruz a La Paz, donde permanece recluido en el penal de Chonchocoro. Su defensa ha denunciado violaciones al debido proceso y falta de independencia judicial.
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