Goitia propone una reforma de la justicia para devolver la confianza a los ciudadanos

En una entrevista en el programa Que No Me Pierda, el exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia, analizó la profunda crisis del sistema judicial boliviano. Según Goitia, la justicia en el país se ha desnaturalizado y se ha convertido en una herramienta de persecución política, con procesos interminables que afectan tanto a figuras públicas como a los ciudadanos más humildes.

La detención preventiva como castigo y lainjusticia para los más vulnerables

Goitia señaló que en Bolivia, la detención preventiva se ha vuelto el principal objetivo de los procesos penales, dejando de lado el esclarecimiento de los hechos. "Cuando hay detención preventiva pareciera que con eso ya se ha conseguido el objetivo", afirmó. Este enfoque es particularmente perjudicial en casos de persecución política, donde se utiliza para "anular al actor político contrincante", manteniéndolo en prisión sin que el proceso avance.

El exministro alertó que esta dinámica también se aplica a los ciudadanos de escasos recursos. Según su análisis, las cárceles están llenas de personas jóvenes y humildes, detenidas preventivamente por delitos menores, con procesos que nunca se resuelven, lo que les impide obtener justicia y a las víctimas, una reparación.

Una "contrarreforma" que paralizó el sistema

Goitia recordó que el Código de Procedimiento Penal de Bolivia, en su concepción original, buscaba agilizar los procesos, limitando su duración a un máximo de tres años. Sin embargo, un cambio normativo impulsado tras el caso de Leopoldo Fernández, que permitió la detención preventiva indefinida, desnaturalizó este principio.

"Esa contrarreforma... trajo otros problemas", explicó. Hoy, mientras el promedio de duración de un proceso penal en Latinoamérica es de cuatro años, en Bolivia es de ocho, y hay casos que se prolongan por más de 15 o 20 años sin una resolución. Esta situación ha llevado a que el porcentaje de detención preventiva en el país alcance cerca del 60%, muy por encima del promedio latinoamericano del 41%, lo que evidencia una crisis estructural.

La propuesta de solución de Goitia: tecnología y reformas

Goitia subrayó que la crisis de la justicia está ligada a la falta de credibilidad. Citando el Latinobarómetro 2024, afirmó que dos de cada tres bolivianos creen que los procesos contra actores políticos son persecuciones, y ocho de cada diez no confían en el sistema judicial.

Para enfrentar esta situación, el exministro propone una reforma integral con dos pilares:

1. Uso de Tecnología: Goitia sugiere utilizar el desarrollo tecnológico para empoderar al ciudadano, permitiéndole controlar las actuaciones de jueces, fiscales y policías. Esto ayudaría a reducir la corrupción, acortar los tiempos de los procesos y eliminar la burocracia.

2. Reforma Constitucional: Aunque reconoce que es un proceso complejo, considera urgente una reforma para modificar la elección de los altos jueces. A su juicio, el actual mecanismo de elección popular ha fallado, ya que los cargos terminan siendo ocupados por personas que tienen el visto bueno del poder político de turno, lo que impide la independencia del órgano judicial.

"Hay que llevar a cabo la reforma constitucional porque la elección popular de los altos jueces... no es el mecanismo idóneo", concluyó Goitia, instando a reemplazar a los "sicarios que hacen las veces de jueces" por profesionales comprometidos, para que Bolivia pueda reconstruirse y recuperar la confianza en su sistema de justicia.