La asambleísta departamental, Azucena Fuertes, afirmó que en un año se ha llegado al extremo de tener "casi 10 alcaldes, algunos que duraron un par de días".
10/03/2026 23:48
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La ciudad de Potosí enfrenta una crisis institucional sin precedentes. Desde el pasado viernes, la capital departamental se encuentra oficialmente sin alcalde, tras concluir el interinato de cinco días del concejal René Mamani. Esta situación, marcada por la detención de cinco concejales y una parálisis administrativa total, ha sido calificada como un "caos" derivado de intereses mezquinos.
La asambleísta departamental, Azucena Fuertes, denunció en entrevista en Que No Me Pierda la gravedad de este vacío de poder, señalando que la inestabilidad no solo afecta a la alcaldía, sino también a la Gobernación, donde las pugnas internas del partido de gobierno han frenado la fiscalización y la inversión pública.
Un municipio con recursos, pero sin cabeza
A pesar de ser una de las regiones con mayores ingresos del país, la gestión en la Villa Imperial se ha detenido. Fuertes enfatizó la contradicción entre la riqueza minera y la precariedad política:
"Potosí merece mejores autoridades porque además tenemos los mayores ingresos para inversión pública como departamento, superando incluso a La Paz y a Santa Cruz. 1000 millones de bolivianos anuales por regalías mineras".
Sin embargo, este capital no se traduce en obras debido a una rotación constante de autoridades y procesos judiciales. Según la asambleísta, en el último año se ha llegado al extremo de tener "casi 10 alcaldes, algunos que duraron un par de días", lo que ha resultado en una gestión municipal "hundida".
El impacto de la crisis judicial y política
La parálisis actual tiene consecuencias directas en el día a día de la administración pública. La falta de una firma autorizada impide el movimiento económico básico de la municipalidad.
"Desde el viernes [Potosí] está sin una autoridad municipal, lo que frena todo, frena la firma de cheques para sueldos, la firma de convenios, contratos para continuar con obras", advirtió Fuertes.
La asambleísta también cuestionó la "manipulación judicial" que rodea las detenciones de concejales y alcaldes interinos, sugiriendo que los procesos se utilizan como herramientas políticas. Esta situación ha generado temor entre los legisladores restantes: "Los concejales no quieren tomar decisiones solo por su decisión o solo por el reglamento... para resguardar sus decisiones y su seguridad jurídica y no sean los próximos detenidos ellos".
Crisis extendida a la Gobernación
El panorama en la Gobernación no es más alentador. Con el gobernador titular en la cárcel de San Pedro y un suplente que actualmente es candidato, la Asamblea Departamental se encuentra dividida y sin sesionar regularmente desde el 10 de febrero.
"Yo considero que el único interés es político, este cálculo es demasiado egoísta y mezquino porque se está dejando de tomar decisiones que podrían beneficiar por una parte al municipio de Potosí y también al departamento".
Fuertes denunció además el uso indebido de bienes públicos para fines electorales por parte del ejecutivo departamental interino: "Se mostraron pruebas de que habían actividades de campaña en horas de oficina y... se estaba presionando al personal de la gobernación... a asistir a actos de campaña".
Llamado a la responsabilidad ciudadana
Con miras a las elecciones del próximo 22 de marzo, donde se elegirán nuevas autoridades que asumirán el 3 de mayo, la asambleísta hizo un llamado urgente a la población para que ejerza un voto informado y consciente de la importancia de los legisladores (concejales y asambleístas).
"Termina perdiendo la población y lo importante aquí es el voto responsable, no dejarse llevar por prebendas... Las autoridades no están ahí por gracia divina, están por voto popular".
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