Analista identifica beneficios y riesgos del DS 5533 que elimina el IVA a la importación de combustibles

El analista económico Fernando Romero señaló que el Decreto Supremo 5533, que elimina el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de combustibles, tiene efectos positivos en el corto plazo, pero también implicaciones negativas a nivel fiscal y estructural para la economía boliviana.

Entre los aspectos favorables, Romero explicó que la norma reduce de manera inmediata el costo de importación de diésel, gasolina y crudo, lo que alivia la presión financiera sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los importadores privados.

“Esta medida ayuda a sostener el abastecimiento interno en un contexto de déficit productivo nacional y mitiga riesgos de desabastecimiento en el corto plazo, aunque no soluciona la crisis energética estructural”, afirmó.

Asimismo, destacó que la exención del IVA mejora la liquidez del sector energético, ya que libera recursos que antes se destinaban al pago de impuestos, permitiendo a los importadores reforzar la logística, asegurar mayores volúmenes y cerrar contratos internacionales, en un mercado de hidrocarburos altamente volátil.

Otro punto positivo es que el decreto establece una neutralidad formal entre actores públicos y privados, al habilitar el beneficio tributario para ambos sectores. Según Romero, esto puede fomentar una mayor participación privada en la importación de combustibles y reducir la carga operativa y fiscal que recae principalmente sobre YPFB.

Los riesgos del decreto

No obstante, el economista advirtió que el DS 5533 también genera impactos negativos relevantes. Uno de los principales es el efecto directo sobre la recaudación fiscal, debido a que el IVA representa una fuente importante de ingresos para el Estado.

“Eximir importaciones masivas de combustibles implica menores ingresos tributarios y mayor presión sobre el déficit fiscal o el financiamiento mediante deuda”, explicó.

Romero también alertó que la medida profundiza la dependencia de combustibles importados, ya que abarata la importación sin incentivar la inversión en exploración, producción o refinación nacional.

“En términos estructurales, se está subvencionando la importación y no la producción, reforzando un modelo energético dependiente del exterior”, sostuvo.

A ello se suma el riesgo de distorsiones y arbitraje, ya que la reducción de costos tributarios en frontera podría incentivar desvíos, triangulación o usos indebidos de combustibles importados, si no se cuenta con un control aduanero y tributario efectivo.

Medida coyuntural

En su evaluación final, Romero concluyó que el DS 5533 es una medida coyuntural de emergencia fiscal-energética, orientada a garantizar la continuidad del suministro de combustibles, pero con un costo para las finanzas públicas.

“Busca aliviar la carga operativa y financiera de YPFB, pero traslada ese peso a las arcas del Estado, lo que puede limitar la capacidad de aplicar políticas públicas en beneficio de la población”, advirtió.