“Un aumento del 20% puede afectar precios y empleo”, advierte analista

En medio del debate por el incremento salarial impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB), el analista económico Juan Carlos Núñez alertó sobre los riesgos que implicaría aplicar un aumento del 20% al salario mínimo y al haber básico, en un contexto marcado por limitaciones fiscales, inflación y desaceleración económica.

“El país atraviesa una crisis estructural, no es un tema coyuntural ni de voluntad política solamente. Es una situación que debemos enfrentar entre todos”, explicó el analista Juan Carlos Núñez, al referirse a la propuesta que será evaluada en los próximos días, en el marco de las negociaciones previas al 1 de mayo.

El especialista recordó que actualmente el salario mínimo nacional se sitúa en Bs 3.300, monto que —según la normativa vigente— debería ser el piso para una jornada laboral de ocho horas. Sin embargo, advirtió que un incremento generalizado del 20% en todos los niveles salariales podría generar distorsiones en la estructura laboral.

“Cuando se plantea un incremento uniforme, sin considerar productividad, tipo de trabajo o capacidad empresarial, se corre el riesgo de afectar la estabilidad económica y laboral”, sostuvo.

Asimismo, alertó que una medida de esta magnitud podría tener un efecto directo en los precios de la canasta familiar.

“A mayor circulante en la economía, sin respaldo productivo, los precios tienden a subir. Eso significa que el poder adquisitivo de la población puede incluso deteriorarse”, explicó.

En ese sentido, advirtió que Bolivia podría enfrentar una escalada inflacionaria si no se toman medidas responsables. “Ya hemos vivido experiencias similares en el pasado, como en la década de los años 80, donde la falta de control económico derivó en hiperinflación”, recordó.

El analista también hizo énfasis en el impacto que tendría el incremento salarial en las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte fundamental del tejido productivo del país.

“No se puede poner en riesgo a las pymes. Muchas de estas unidades económicas operan con márgenes reducidos y un incremento obligatorio puede empujarlas a la informalidad o incluso al cierre”, advirtió.

En esa línea, señaló que actualmente solo alrededor del 15% de la población cuenta con empleo formal y protección laboral, mientras que el restante 85% se encuentra en la informalidad.

El especialista también observó que este tipo de medidas, cuando no son acompañadas por políticas de control y sostenibilidad, pueden generar efectos contraproducentes, como la reducción de jornadas laborales o el incumplimiento de normas salariales.

Respecto al rol del Gobierno, señaló que existen presiones adicionales, como el déficit fiscal, la subvención a los combustibles y la falta de divisas para importar carburantes.

“El Estado enfrenta compromisos económicos importantes y limitaciones en el acceso a dólares. Eso debe ser parte del análisis antes de asumir cualquier incremento”, indicó.

Finalmente, el analista insistió en la necesidad de instalar un diálogo tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores para encontrar una solución equilibrada.