El Congreso de Perú rechaza inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo

Lima, 3 dic (EFE)

El pleno del Congreso de Perú rechazó este miércoles inhabilitar por 10 años para ejercer cualquier cargo público al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por su fallido intento de golpe de Estado del 7 diciembre de 2022, un caso por el que la semana pasada fue condenado a más de 11 años de prisión.

La decisión del Congreso, que había planteado aplicar la inhabilitación por infracción constitucional, recibió 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones del pleno, con lo que no alcanzó el mínimo necesario requerido de 68 votos.

Tras conocerse ese resultado, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, informó que la propuesta "se remitirá al archivo".

En otras dos votaciones inmediatas, el pleno también rechazó inhabilitar a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta.

Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, y Huerta también fueron condenados la semana pasada a más de 11 años de prisión, aunque el segundo permanecerá en libertad condicional hasta que su caso sea revisado en una segunda instancia.

Antes del debate del informe, Castillo se conectó de manera telemática desde la cárcel de Barbadillo, donde está preso, para ejercer su derecho a la defensa y reiterar su posición de que el 7 de diciembre de 2022 solo dio un mensaje político y no un golpe de Estado.

"Podrán inhabilitarme, pero no podrán inhabilitar la voluntad del pueblo, podrán encerrarme, pero no podrán encerrar la esperanza, podrán perseguirme, pero no podrán detener lo que ya empezó", sostuvo.

"El pueblo me dio poder y ustedes (congresistas) me lo quitaron", dijo antes de afirmar que los parlamentarios están al servicio de los intereses de los monopolios y los grandes medios de comunicación.

El exmandatario también dijo que la sentencia que recibió la semana pasada estableció que no cometió el delito de rebelión, por lo que consideró que si los parlamentarios aprobaban su inhabilitación iban a incurrir en una "aberración jurídica".

El 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación en el que anunció su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar mediante decretos, aunque su pronunciamiento no surtió efecto y poco después fue detenido cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo.

El jueves pasado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al exgobernante a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión.

El tribunal consideró, sin embargo, que Castillo no consumó el delito de rebelión, por el que la Fiscalía pidió inicialmente una condena a 34 años de cárcel, y lo absolvió de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.

Ante esto, sus abogados aseguraron que Castillo debe acudir a instancias internacionales para pedir su liberación, ya que ha sido condenado por un delito que, según dijeron, "no cometió y por el que no fue procesado". EFE

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