Guatemala decreta estado de sitio tras ataques que dejan policías muertos

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el estado de sitio por 30 días en todo el país, tras una oleada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó ataques coordinados contra fuerzas de seguridad y motines en centros penitenciarios.

La decisión fue anunciada en cadena nacional, luego de confirmarse el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, en hechos que las autoridades vinculan a acciones coordinadas de grupos criminales.

El estado de sitio permite la detención de personas sin orden judicial, restringe las reuniones y manifestaciones y está contemplado para situaciones de terrorismo o actividades rebeldes, según la legislación guatemalteca.

“No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, afirmó Arévalo, quien sostuvo que los ataques son una reacción de las pandillas ante los operativos estatales. “La estrategia contra los criminales está teniendo éxito y por eso están desesperados”, agregó.

El mandatario aseguró que el Gobierno no negociará con grupos criminales ni tolerará acciones terroristas. También afirmó que la medida no alterará la vida cotidiana ni la movilidad de la población, salvo la suspensión de la jornada educativa prevista para este lunes en los sectores público y privado.

Arévalo vinculó la escalada de violencia con sectores que, según dijo, se benefician de la corrupción y buscan desestabilizar al país ante los cambios institucionales previstos para este año, como la renovación de la Fiscalía General y de la Corte de Constitucionalidad.

Motines y control de cárceles

En paralelo, las fuerzas de seguridad retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en el sur del país, tras un motín registrado el sábado.

La Policía informó que fue neutralizado Aldo Ochoa, líder de la pandilla Barrio 18, señalado como uno de los promotores de la revuelta. Según las autoridades, el cabecilla exigía su traslado a otra prisión y mejores condiciones de reclusión.

Desde el segundo semestre de 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una confrontación con el Estado por el control de las prisiones, tras el traslado de sus líderes a centros de máxima seguridad, una medida que ha provocado reiterados motines.

Las fuerzas de seguridad permanecen en alerta máxima mientras continúan los operativos para restablecer el orden y esclarecer los ataques contra la Policía.