El Tribunal de Justicia de la provincia de Sucumbíos dictó la condena tras comprobarse la agresión contra una menor de 10 años. El fallo incluye una reparación económica y el pago de multas estatales.
18/03/2026 19:36
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En un caso que conmocionó a la provincia amazónica de Sucumbíos, al noreste de Ecuador, la Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria de siete años de prisión para Antonio Pedro A., un adulto mayor de 73 años hallado culpable de abuso sexual contra su propia nieta. Los hechos, que se remontan a febrero de 2024 en el cantón Gonzalo Pizarro, fueron confirmados gracias al testimonio de la víctima y de su hermano mayor, quien presenció la agresión.
Según el expediente fiscal, la menor fue atacada mientras realizaba labores de campo en una propiedad de sus abuelos. El agresor aprovechó la ausencia de otros adultos para realizar tocamientos no consentidos; sin embargo, el hermano de la niña alertó de inmediato a su abuela, quien trasladó a la pequeña a un centro de salud y dio aviso a la Policía Nacional. La captura del procesado se realizó bajo la figura de flagrancia poco después del incidente.
Desestimación de nulidad por origen étnico
Durante el proceso judicial, la defensa del sentenciado, de origen Shuar, intentó anular el juicio argumentando que su cliente requería un intérprete durante las audiencias iniciales. No obstante, la Fiscalía desestimó esta alegación mediante el testimonio de los agentes aprehensores, quienes confirmaron que el procesado comprendía y hablaba español con fluidez al momento de leerle sus derechos constitucionales.
El Tribunal fundamentó su decisión en pruebas periciales determinantes:
Testimonio anticipado: La grabación de la declaración de la niña donde detalló la agresión.
Valoración psicológica: Informes técnicos que confirmaron episodios de ansiedad en la menor derivados del trauma.
Entorno social: Una pericia que reveló un contexto de vulnerabilidad y maltrato infantil, agravado por la ausencia de los padres de la víctima.
Sanciones económicas y legales
Además de la pena privativa de libertad, los jueces impusieron al sentenciado el pago de una multa de 20 salarios básicos unificados (aproximadamente 9.200 dólares según el salario vigente en Ecuador) y una reparación integral de 2.000 dólares a favor de la menor.
La condena se basó en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que endurece las penas de abuso sexual cuando las víctimas son menores de 14 años, estableciendo un rango de entre siete y diez años de cárcel.
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