Evo Morales aseguró que Comcipo rechazó el pago por el 50% del uso de las aguas del Silala y eso condujo al fallo de la CIJ.
06/12/2022 11:37
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El jueves pasado, la Corte internacional de Justicia (CIJ) estableció que Bolivia y Chile reconocieron que el Silala es un río internacional y ambos países tienen derecho sobre las aguas.
La respuesta de La Haya no cayó bien en Bolivia, pues se esperaba establecer que el Silala es un manantial boliviano que el vecino país canalizó para favorecerse con el recurso hídrico.
Tras el fallo internacional, el expresidente Evo Morales, a través de sus redes sociales, acusó a los dirigentes de Comité Cívico Potosinista (Comcipo) de haber rechazado el pago de Chile por el 50% del uso de las aguas del Silala.
"Los dirigentes del Comité Cívico de Potosí deben recordar que públicamente su expresidente Celestino Condori rechazó un acuerdo de compensación por el uso de esas aguas”, publicó el exmandatario.
En respuesta, la presidenta actual de Comcipo, Roxana Graz, explicó que en 2009 rechazaron recibir el pago que Chile les ofreció porque eso implicaba reconocer que ellos tenían el derecho del otro 50% del caudal.
“Cómo íbamos a aceptar la compensación económica del 50% cuando el Silala es de propiedad exclusiva de Bolivia, por eso Potosí rechazó el pago. Si quería pagar, Chile debería de pagar el 100% de las aguas, lo otro era consolidar que ellos sí tenían el 50% y nos estaban pagando el 50%”, afirmó Graz en entrevista con la ANF.
Graz dijo que en 2018 ya hubo acuerdos entre los gobiernos de Chile y Bolivia sobre el concepto del manantial y que en ese entonces ya se denunció que la administración de Evo Morales había reconocido que el Silala era un río y no un manantial.
“Imaginemos que vengan a tu casa y te digan: ‘bueno nosotros creemos que tenemos que pagarte el 50% de tu casa, pero vamos a utilizar toda tu casa’. No solamente eso, sino el otro 50% están utilizando y están viviendo; (entonces), por qué no nos van a pagar de toda mi casa, eso es lo que ha sucedido acá”, graficó la dirigente cívica.
En 2009 el Gobierno chileno aceptó que dos empresas chilenas, Corporación del Cobre (Codelco) y el Grupo Luksic, dueño del ferrocarril Antofagasta, puedan pagar 6,2 millones de dólares anuales por el uso de las aguas; sin embargo, los dirigentes cívicos de entonces se negaron a aceptar ese pago, resume Correo del Sur.
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