El constitucionalista afirmó que los magistrados autoprorrogados ya no son autoridades y, por tanto, deben ser procesados en la justicia ordinaria, sin privilegios.
26/11/2025 10:49
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El abogado constitucionalista William Herrera, planteó este miércoles tres posibles rutas para resolver la situación institucional del Tribunal Constitucional, tras la salida de los magistrados autoprorrogados.
Herrera señaló que actualmente existe un vacío que debe ser subsanado con urgencia para restablecer la seguridad jurídica del país y acompañar las medidas económicas impulsadas por el Gobierno.
Tres caminos para superar la crisis institucional
El jurista identificó tres alternativas para conformar transitoriamente las altas cortes:
Herrera sostuvo que la salida más directa es realizar comicios en los departamentos donde no se llevaron a cabo las elecciones judiciales: Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija, regiones donde permanecían los magistrados autoprorrogados.
La segunda opción es que los cuatro magistrados titulares que continúan en funciones podrían convocar a los suplentes, quienes fueron elegidos en el proceso electoral y cuentan con plena legitimidad.
Esta figura permitiría “mantener momentáneamente” el funcionamiento del Tribunal mientras se define un camino definitivo.
La tercera opción es la posibilidad de que el presidente del Estado designe magistrados de forma provisional, mecanismo aplicado en gestiones anteriores.
“Hay antecedentes. Se lo hizo en el gobierno de Carlos Mesa y también en el de Evo Morales, incluso mediante una ley específica”, explicó Herrera.
Procesamiento de los autoprorrogados y defensa de la seguridad jurídica
El constitucionalista afirmó que los magistrados autoprorrogados ya no son autoridades y, por tanto, deben ser procesados en la justicia ordinaria, sin privilegios.
Sin embargo, aclaró que las resoluciones emitidas durante su permanencia deben mantener plena validez para evitar un colapso institucional.
“Imagínate el caos que supondría anular dos años de fallos. Hay que proteger la seguridad jurídica”, señaló.
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