Diputada Claros recuerda que contratos del litio están en revisión constitucional y no deben debatirse

La diputada potosina Lisa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), advirtió que el tratamiento de los contratos de litio en la Cámara de Diputados es “ilegal y apresurado”, debido a que estas iniciativas se encuentran actualmente en revisión constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a raíz de una acción popular interpuesta por más de 50 comunidades del sudoeste potosino.

“En este momento los contratos están bajo revisión del Tribunal Constitucional. Se tendría que esperar si se ratifica o se revoca el fallo. No queremos imaginarnos si se revoca el fallo y la Justicia determina que no se pueden tratar estos contratos; si esto avanza en la Cámara de Diputados, sería todo ilegal”, alertó Claros.

La legisladora denunció que el oficialismo está forzando el tratamiento de los contratos, a pesar de que existe una resolución judicial en proceso, lo que podría comprometer su legalidad y poner en entredicho la constitucionalidad de la decisión legislativa. “Están debatiendo contratos que todavía no tienen luz verde constitucional”, insistió.

Los acuerdos en cuestión fueron suscritos por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Hong Kong CBC Invest Limited, por un monto de $us 1.030 millones, y con la empresa rusa Uranium One Group, por $us 975 millones, para proyectos de industrialización de litio mediante tecnología de extracción directa.

Además, Claros criticó la ausencia de una ley de consulta previa, señalando que no se puede avanzar en la firma ni aprobación de estos contratos sin antes garantizar los derechos de los pueblos indígenas y definir un marco normativo claro sobre regalías. “Nosotros no estamos en contra de la industrialización del litio, pero exigimos que se cumpla la Constitución. Tiene que haber una ley de consulta y una ley del litio”, sostuvo.

La diputada reiteró que mientras el TCP no emita un fallo definitivo, cualquier tratamiento legislativo es nulo de pleno derecho y podría acarrear responsabilidades políticas y legales.