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“Esperamos que dejen de tener protección política”, denuncia abogado de afectados por avasalladores

Sobre la actuación del Ministerio Público, el jurista indicó que se ha hecho un voto de confianza tras una reunión con el fiscal departamental, esperando que esta sea la oportunidad para demostrar que las investigaciones serán efectivas.

06/11/2025 11:55

Álvaro La Torre, abogado de las víctimas. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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La propiedad de El Encanto fue nuevamente avasallada en menos de un mes, y aunque dos personas fueron arrestadas, las familias afectadas y sus abogados exigen investigaciones más profundas y que los responsables políticos detrás de los hechos no queden impunes.

“Lo que esperamos es que la Policía realmente investigue, que los malos dirigentes dejen de tener protección política y que se dote a las fuerzas del orden de los medios necesarios para realizar sus labores”, señaló Álvaro La Torre, abogado de las víctimas.

En un contacto con El Mañanero, La Torre explicó que los arrestos recientes se produjeron durante un control rutinario en Montero, donde se capturó una camioneta vinculada al hijo del exsecretario general de los interculturales, Esteban Alavi. La defensa considera que esto evidencia una relación directa con los avasallamientos y exige que se investigue a fondo el uso indebido de bienes del Estado.

“El señor Esteban Alavi ha sido uno de los articuladores y cómplices de los avasallamientos, participando activamente en reuniones donde se exigía a los propietarios ceder parte de sus predios”, añadió La Torre.

Sobre la actuación del Ministerio Público, el abogado indicó que se ha hecho un voto de confianza tras una reunión con el fiscal departamental, esperando que esta sea la oportunidad para demostrar que las investigaciones serán efectivas y no quedarán en papel.

Entre los dirigentes señalados por la defensa se encuentran Elías Tejerina Frías, Esteban Alavi, Humberto Llavira y Osmar Molina, quienes, según La Torre, han contado con protección política que ha impedido investigaciones efectivas hasta ahora.

Las familias afectadas esperan que, con un cambio de enfoque del Estado y la dotación de recursos adecuados, la justicia actúe con rapidez y los avasallamientos en Santa Cruz sean realmente sancionados.

 

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