Caso "Saracho fest": Fiscalía imputa al cantante y a la directora por homicidio y lesiones culposas

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el Ministerio Público imputa por los delitos de homicidio y lesiones culposas al cantante y la directora del colegio Juan Ismael Saracho.

La fiscalía abrió una investigación de oficio por la tragedia ocurrida durante una fiesta estudiantil organizada sin autorización en un establecimiento educativo de la ciudad de Oruro, hecho que dejó como saldo el fallecimiento de una adolescente de 16 años y otra menor internada en terapia intensiva.

Paralelamente, la Fiscalía amplió la investigación por el presunto delito de Uso Indebido de Bienes del Estado, debido a la utilización de instalaciones educativas públicas para fines no autorizados.

“Estas dos personas aprehendidas, tanto el integrante del conjunto como también la directora del colegio van a ser imputados tanto el delito de homicidio y lesiones culposas. También están siendo citados la totalidad de los padres quienes han organizado este evento”, dijo el fiscal Morales en conferencia de prensa.

De acuerdo con la autopsia médico legal practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la causa de muerte fue asfixia por compresión torácica externa secundaria, producto del aplastamiento sufrido en medio de una avalancha humana.

Las investigaciones preliminares establecieron que el evento se realizó en el patio de una unidad educativa céntrica de varones, sin el aval de la Dirección Distrital de Educación y sobrepasando la capacidad del lugar. Se verificó que los organizadores priorizaron intereses económicos mediante la venta masiva de entradas, descuidando completamente la seguridad de los asistentes.

“El hecho se agravó cuando un integrante del grupo musical contratado se lanzó al público, provocando un efecto dominó que derivó en la caída y posterior aplastamiento de varias personas”, explicó Morales.

La Fiscalía Departamental de Oruro continuará con la recolección de indicios materiales, declaraciones testificales y otros elementos de convicción con el objetivo de establecer la verdad material de los hechos. El Ministerio Público reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de la población.

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