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Jerjes Justiniano: “El Estado debe indemnizar a Jeanine Áñez"

Justiniano indicó que, tras la reparación económica, el Estado deberá cobrar a los funcionarios que intervinieron en la detención injusta de Áñez.

Santa Cruz, Bolivia

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El exministro de la Presidencia del gobierno de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano, expresó su "alegría y optimismo" tras la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la sentencia en el caso conocido como "Golpe II", que deriva en la liberación de la expresidenta.

En declaraciones en el programa Que No Me Pierda, el abogado enfatizó que la decisión judicial es un triunfo para la democracia, pues, a su criterio, el fallo establece que Áñez no cometió delito, sino que actuó en el marco de una "sucesión constitucional" en 2019.

"Una de las cosas más importante que dice es que Jeanine Áñez no cometió delito porque lo que realizó fue una sucesión constitucional, eso quiere decir que en 2019 no hubo ningún golpe de Estado", afirmó Justiniano, contradiciendo la narrativa del gobierno de Luis Arce.

Según el exministro, con esta determinación, "Jeanine Áñez además de recobrar su libertad ha recuperado la calidad de expresidente constitucional de la República de Bolivia".

Justiniano recordó las palabras del exministro Iván Lima, quien habría confesado que llevar a Áñez a un juicio ordinario y no de responsabilidades fue producto de "los caprichos de Evo Morales", iniciando el caso "Golpe" cuando Luis Arce asumió en 2020.

El exministro afirmó que se debe pagar la indemnización correspondiente por los cuatro años de detención preventiva que sufrió la exmandataria.

“El Estado debe indemnizar a Jeanine Áñez por los daños sufridos, incluyendo los gastos de sus hijos al visitarla y la imposibilidad de trabajar durante esos años. Pero además, quienes provocaron esta violación de derechos deben responder personalmente: fiscales, jueces, vocales y magistrados involucrados en el caso”, afirmó Justiniano en Zoom.

El exministro recordó que la Constitución establece la acción de repetición, que permite que el Estado, tras indemnizar a una víctima, reclame el pago a los funcionarios responsables. “Todos los servidores públicos que intervinieron en este proceso, incluyendo al fiscal general, los jueces que ordenaron la detención preventiva y los magistrados que ratificaron la sentencia, deben responder".

 

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