Proyecto de ley plantea penas de hasta 10 años por delitos de violencia digital en Bolivia

Ante el crecimiento de la violencia digital en Bolivia, un proyecto de ley plantea incorporar nuevos delitos en el Código Penal con sanciones de hasta 10 años de prisión, además de establecer medidas de prevención, educación y reparación para las víctimas.

La iniciativa, impulsada por colectivos como Cyberwarriors y legisladores, busca llenar el vacío legal que actualmente deja en la indefensión a quienes sufren este tipo de agresiones en entornos digitales.

“Hoy las víctimas no tienen dónde acudir, no hay una figura legal clara para denunciar estos hechos”, explicó Yessica Velarde, representante del colectivo.

El proyecto propone tipificar al menos cinco delitos: violación a la intimidad sexual, acoso digital, amedrentamiento digital, suplantación de identidad y difusión de datos personales con fines de daño.

“Muchas víctimas ni siquiera saben que están siendo vulneradas y, en muchos casos, sienten culpa o vergüenza”, señaló Velarde.

La normativa también contempla el uso indebido de tecnologías como la inteligencia artificial para la manipulación de imágenes, una práctica que se ha incrementado especialmente entre jóvenes.

Por su parte, el diputado proyectista Marcelo Soliz destacó que la propuesta tiene un enfoque integral que involucra al Estado, la sociedad y las plataformas digitales.

“No solo buscamos castigar, sino educar y proteger a toda la población, desde niños hasta periodistas”, afirmó.

El legislador señaló que el proyecto ya fue presentado y será tratado en la Comisión de Derechos Humanos, con la expectativa de que avance en las próximas semanas hacia su debate en el pleno.

La propuesta también prevé mecanismos para que plataformas digitales colaboren en la eliminación de contenido violento y en la identificación de agresores, sin que esto implique una regulación directa de redes sociales.

Según los impulsores, esta ley podría convertir a Bolivia en uno de los primeros países de la región en contar con una normativa integral contra la violencia digital, respondiendo a una problemática que afecta cada vez a más personas.