La resolución prohíbe el decomiso o confiscación de productos a integrantes de la cadena productiva.
20/09/2025 20:10
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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional e inviable los parágrafos 1 y 2 de la disposición adicional séptima incorporada en el Presupuesto General del Estado (PGE), normativa que había generado controversia por sus alcances sobre la fiscalización y control a empresas productivas en el país.
La decisión fue recibida con satisfacción por parte del Comité Multisectorial, que calificó el fallo como una garantía para la propiedad privada y la seguridad jurídica de los sectores productivos.
“Es un triunfo del Comité Multisectorial. Felicitamos a los magistrados por fallar en razón de la conciencia política del Estado, garantizando la seguridad jurídica de quienes producimos, transportamos y comercializamos en todo el territorio nacional”, señaló César Gonzáles, presidente de la Confederación de Gremiales en Bolivia.
Con esta resolución, se establece que ninguna autoridad –ya sea municipal, policial o fiscal– podrá decomisar ni confiscar productos pertenecientes a actores de la cadena productiva nacional, cerrando así la puerta a interpretaciones abiertas que generaban preocupación entre empresarios y productores.
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