El viceministro Gustavo Torrico explicó que algunos puntos del documento deben ser analizados con detalle, especialmente en lo referente a impuestos y competencias de YPFB.
27/10/2025 11:30
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El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó este lunes que el proyecto de ley para la importación de combustibles aún no llegó al despacho del presidente Luis Arce, pero aseguró que el Ejecutivo no pondrá freno a su tratamiento ni a su promulgación, aunque existen observaciones técnicas y constitucionales que deben ser revisadas.
“Hasta hoy no ha llegado el proyecto todavía y primero pasa por mis manos, por si acaso, y luego va donde el presidente cuando todo está revisado y hacemos nuestras observaciones respectivas. No le vamos a poner freno; ya hemos hablado el viernes con el presidente, estamos esperando que nos llegue la ley”, señaló Torrico en conferencia de prensa.
El viceministro explicó que algunos puntos del documento deben ser analizados con detalle, especialmente en lo referente a impuestos y competencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Se habla del IT, cuando el IT no va para las importaciones; se menciona el gas licuado de petróleo, que no tiene nada que ver con el asunto de la importación. Hay que ver cómo vamos a soslayar el tema constitucional, porque por Constitución YPFB es la única autorizada para transportar, vender y adquirir productos derivados del petróleo en el país, y eso el proyecto lo está eliminando”, advirtió la autoridad.
Pese a estas observaciones, Torrico aseguró que el Gobierno buscará una solución interna para no obstaculizar el proceso legislativo. “Vamos a tratar de arreglarlo aquí adentro; de todas formas, lo va a promulgar el presidente para que no nos acusen de que estamos poniendo freno”, concluyó.
El proyecto de ley, impulsado por el Comité Cívico y actualmente en revisión en la Asamblea Legislativa, plantea autorizar a entidades subnacionales y al sector privado la importación directa de combustibles, una propuesta que ha generado debate sobre su viabilidad jurídica y constitucional.
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