Hasta sin lengua e impunes, periodistas exigen justicia

El secuestro, tortura y el corte de la lengua de un periodista en la población de El Alto de La Paz, en esta temporada electoral y carnavalera, debe encender todas las alarmas del gobierno del presidente Rodrigo Paz, para investigar el caso y poner énfasis en que se haga justicia en éste y en otros casos de agresiones a los informadores bolivianos, pues la palabra impunidad, es el común denominador.

De acuerdo a los reportes, en el último caso, los agresores usaron un arma cortopunzante y le profirieron amenazas explícitas sobre su profesión mientras lo retenían en un terreno baldío, según denunciaron este domingo la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb).

La víctima, identificada como F. Jesús Z.S., fue interceptada cuando regresaba a su domicilio tras hacer la cobertura de un acto de campaña por las elecciones regionales previstas para el 22 de marzo de 2026 y se desconoce si los autores son correligionarios políticos de algún partido o enemigos por otros casos de cobertura del informador.

La agresión ocurre este 14 de febrero del 2026, un día después en el que periodistas de Santa Cruz, a la cabeza de Percy Suárez, quien filmó el ataque armado de los encapuchados en Las Londras; se reunieran con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, en las instalaciones de la ABT, exigiendo que se haga justicia en el emblemático proceso que duerme el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, luego que los cinco imputados en el caso, plantearan un conflicto de competencia alegando el derecho de ser juzgados en un Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina.

Los periodistas afectados han alegado que se trata de una chicanería para seguir postergando el proceso y que se dicte una sentencia de 20 años, por tentativa de asesinato, secuestro, robo agravado y atentado a la libertad de prensa, delitos que se encuentran en el Código Penal y no así en la jurisdicción indígena originaria campesina. Tampoco los imputados ni las víctimas y el lugar donde ocurrieron los hechos, en la provincia Guarayos, corresponden a esa jurisdicción.

Los hombres de prensa exigen justicia y recordaron que en el 2023 presentaron 52 casos de agresiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no obstante de haberse abierto un periodo de investigación contra el Estado Boliviano, tampoco han prosperado en el campo internacional y lo último ha sideo la absolución de un policía que a pesar de haber sido filmado cuando atacaba a un periodista, fue absuelto inclusive en instancias superiores de los tribunales de justicia.

El nuevo ataque contra el periodista de El Alto ocurre en un año electoral especialmente tenso para el periodismo boliviano. Las elecciones subnacionales de 2026 renovarán más de 5.000 cargos públicos en nueve departamentos del país, en un clima político marcado por la fractura del Movimiento al Socialismo (MAS) y el ascenso de nuevas fuerzas políticas tras la victoria de Rodrigo Paz Pereira en las presidenciales de 2025.

Durante 2024, la Asociación Nacional de Periodista de Bolivia, documentó 182 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia, incluyendo agresiones físicas, despojo de equipos, hostigamiento, amenazas y judicialización del trabajo periodístico. El escenario político fue el terreno más hostil para el ejercicio del periodismo, según el reporte del gremio.

Bolivia ocupa el puesto 124 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros sin Fronteras, reflejando un deterioro significativo en el entorno de trabajo para los medios de comunicación. Entre 2022 y 2024, la libertad de prensa se convirtió en el segundo derecho más vulnerado en el país con 495 registros, solo por detrás de la afectación a la institucionalidad democrática, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.

Los periodistas insisten en sostener una reunión con el presidente Rodrigo Paz para exigir garantías al ejercicio y el esclarecimiento de casos pendientes.