“No se puede pagar 4 km si había menos”: viceministro justifica detención de Jhonny Fernández

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, afirmó que la detención preventiva del alcalde cruceño Jhonny Fernández por 100 días se basa en un informe de la Contraloría General del Estado, que detectó presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación ejecutado por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

“La base de esta investigación tiene que ver con un informe de la Contraloría General del Estado”, precisó la autoridad, al descartar que se trate de un criterio político.

García explicó que en esta etapa procesal no se exige una responsabilidad definitiva, sino la existencia de indicios suficientes. “Si hay una probabilidad de autoría, ya se cumple el requisito para la imputación formal”, sostuvo.

Sobre el fondo de la observación, indicó que la Contraloría detectó diferencias en los metros ejecutados respecto a los certificados y pagados. “No se puede certificar cuatro kilómetros si había menos, no se puede pagar cuatro kilómetros si había menos”, enfatizó.

Añadió que cualquier variación en cantidades debía estar reflejada en el acta de recepción definitiva y ajustada proporcionalmente en el pago correspondiente.

El viceministro recordó que el alcalde figura como imputado junto a su exsecretario de Obras Públicas, pero subrayó que, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva, tiene responsabilidad sobre todo el proceso administrativo. “Él mismo es responsable desde el inicio de todo proceso hasta su conclusión definitiva”, afirmó.

Respecto a la determinación de la detención preventiva, señaló que la jueza valoró tanto la probabilidad de autoría como los riesgos procesales.

“El Ministerio Público ha informado acerca de elementos que constituirían actos de obstaculización, tanto en el secuestro de documentos como en la inspección ocular”, indicó, al explicar que la medida busca garantizar que las diligencias se desarrollen sin interferencias.

Finalmente, García explicó que ahora se abre la etapa preparatoria, que puede extenderse hasta seis meses. “La imputación formal no marca la conclusión de una investigación, al contrario, recién se va a iniciar la etapa preparatoria”, señaló.

Durante este tiempo se convocará a exautoridades, empresas intervinientes, concejales y representantes de la Contraloría, además de realizar una pericia en ingeniería civil que permitirá establecer si existió daño económico y a cuánto ascendería.