Cómo celebrar el Carnaval sin afectar el medioambiente ni la biodiversidad

A pocos días del inicio del carnaval, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente advirtió sobre el impacto ambiental que genera el uso masivo de espumas, debido a la emisión de gases que afectan la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global, además de la generación de miles de toneladas de basura.

El viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, explicó que el análisis debe abordarse desde dos ámbitos: el daño al medio ambiente y la protección de la fauna silvestre. Sin embargo, hizo especial énfasis en la contaminación generada por las latas de espuma que se comercializan masivamente en estas fechas.

“Estas espumas contienen algunas sustancias que son dañinas para la capa de ozono y, por tanto, se debe regular su utilización. En promedio, en cada fiesta de carnaval se utilizan entre 4,5 y 4,6 millones de latas de espuma. Esto significa que se pueden emitir cerca de 147 a 170 toneladas de CO₂ equivalente”, advirtió la autoridad.

Explicó además que muchas de estas espumas contienen gases hidrofluorocarbonados, altamente perjudiciales para la atmósfera.

A ello se suma la contaminación por residuos sólidos, ya que tras las celebraciones las latas vacías suelen quedar esparcidas en calles y espacios públicos.

La autoridad aclaró que no todas las espumas están prohibidas, sino aquellas que no cumplen con requisitos ambientales.

“Sí hay espumas que están aceptadas, que han cumplido con todos los requisitos ambientales para ser comercializadas y utilizadas”, puntualizó.

Protección de fauna silvestre
Otro de los puntos críticos señalados por el viceministro es el uso de animales silvestres o sus derivados en trajes y alegorías carnavaleras.

“Es muy común utilizar animales silvestres en las fiestas de carnaval, afectando de manera directa a la estabilidad ecológica y a la biodiversidad de determinadas regiones”, advirtió.

Recordó que la resolución 020/26 establece controles coordinados entre gobiernos municipales, departamentales y el Gobierno central, además de la participación de la Policía Forestal y Medioambiental (Pofoma), que podrá incautar animales o derivados que no cuenten con autorización.

Si se detecta la portación o comercialización ilegal de fauna silvestre, las sanciones pueden ir de tres a cinco años de cárcel, dependiendo del nivel de responsabilidad.