Ranil Wickremesinghe, principal figura opositora en Sri Lanka, fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos un día después de ingresar en prisión preventiva por presunta malversación de fondos públicos.
23/08/2025 12:06
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El expresidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, fue ingresado este sábado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Colombo, tras presentar complicaciones de salud mientras permanecía en prisión preventiva.
Wickremesinghe, de 76 años, fue detenido el viernes por la noche como parte de una investigación por presunto uso indebido de fondos públicos. Un día después, fue trasladado al hospital por deshidratación aguda, agravada por condiciones preexistentes como diabetes e hipertensión, según informó Rukshan Bellana, subdirector general del centro médico.
“Hay que observarlo de cerca y tratarlo por deshidratación aguda para evitar complicaciones graves”, señaló Bellana. Su estado fue calificado como estable.
Detención preventiva por presunta corrupción
La justicia ordenó el arresto preventivo de Wickremesinghe en el marco de una campaña anticorrupción impulsada por el actual gobierno, que asumió el poder en septiembre de 2024. La acusación principal apunta al uso de fondos públicos para financiar una visita privada al Reino Unido en septiembre de 2023.
El viaje coincidió con su regreso de la cumbre del G77 en La Habana y de la Asamblea General de la ONU. Según las autoridades, los gastos públicos comprometidos ascienden a 16,6 millones de rupias (alrededor de 55.000 dólares).
Wickremesinghe sostiene que el motivo de su escala en Londres fue acompañar a su esposa, nombrada profesora honoraria por la Universidad de Wolverhampton, y que los costos del viaje fueron cubiertos por ella.
Contexto político y reacciones
El expresidente lidera actualmente la oposición y mantiene una presencia política activa desde que dejó el cargo. Fue presidente entre julio de 2022 y septiembre de 2024, tras la renuncia de Gotabaya Rajapaksa en medio de protestas masivas por la crisis económica.
Durante su mandato, gestionó un acuerdo con el FMI por 2.900 millones de dólares, condicionado a medidas de ajuste como subidas de impuestos y reducción de subsidios.
Legisladores opositores que lo visitaron en prisión informaron que se encontraba “de buen ánimo”, aunque acusan al gobierno de utilizar el sistema judicial para neutralizar a un posible rival electoral.
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