Abogado penalista: “Querían capturar a Marset con vida por la información”

La situación judicial del narcotraficante Sebastián Marset en Estados Unidos responde a una estrategia clara: obtener información que permita desarticular estructuras criminales de alcance internacional.

Así lo explicó el abogado penalista y docente universitario Walter J. Suárez, quien señaló que, a diferencia de otros sistemas, la justicia estadounidense no siempre mantiene en reserva este tipo de procesos cuando tienen alto impacto.

“No con regularidad, pero es un hecho que necesita ser publicitado porque demuestra efectividad en su combate contra el crimen organizado”, afirmó.

Según el jurista, la exposición del caso no solo responde a criterios judiciales, sino también a un mensaje directo. “Situaciones como estas hacen que la gente no cometa delitos o conforme organizaciones criminales”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales, explicó, es el rol de la defensa en un eventual escenario de negociación. En ese contexto, consideró clave conocer si Marset ya cuenta con un abogado. “El defensor es quien hace el nexo entre el fiscal y el acusado para ver si se entabla alguna clase de negociación”, indicó.

En cuanto a la base jurídica del caso, precisó que la acusación principal gira en torno a la conspiración para el lavado de activos, figura que habilita la competencia de Estados Unidos.

“Si el delito no se originó ni tuvo destino en su territorio, no tendría competencia. Pero cuando se utiliza un banco intermediario en dólares, se abre la jurisdicción, y eso es lo que ocurrió en este caso”, explicó.

Para el penalista, la captura con vida de Marset no fue casual. “A Estados Unidos le interesa la información”, afirmó, al señalar que el objetivo va más allá de una condena individual.

En esa línea, advirtió que existe una presión coordinada a nivel regional. “Hay una estrategia entre países para atacar el crimen transnacional, y también una presión sobre él para que preste su declaración”, sostuvo.

El mensaje, añadió, apunta a desalentar la expansión de estas estructuras. “No habrá impunidad para quienes conformen organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas”, dijo.

Finalmente, aclaró que el traslado de Marset no se realizó mediante un proceso de extradición. “La extradición implica un trámite judicial más largo. En este caso, se optó por una expulsión coordinada entre Estados, en el marco de la Ley 370, para simplificar el procedimiento”, concluyó.