Álvaro Ríos sobre el presunto sabotaje: "Deben identificar con nombre y apellido a los responsables"

El Gobierno nacional determinó la militarización inmediata de las refinerías del país tras denunciar un presunto "sabotaje" en la producción de carburantes. Esta intervención busca garantizar combustible de buena calidad que ha afectado recientemente al parque automotor y al mercado interno.

Ante esta medida, el analista energético Álvaro Ríos señaló que un sabotaje implica un daño intencional que debe ser castigado con todo el peso de la ley.

"Si es un sabotaje, tienen que identificar a las personas que han hecho este daño e iniciarles algún tipo de proceso penal; deben identificar con nombre y apellido", afirmó el experto.

Ríos manifestó sus dudas sobre la efectividad de la presencia militar para resolver los problemas operativos que enfrenta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El especialista subrayó que aún falta aclarar cómo la gasolina quedó "fuera de especificación" y qué funciones reales cumplirán las tropas en las plantas.