Aprehenden a piloto del avión Hércules y Fiscalía emite orden de aprehensión para el copiloto

El Ministerio Público ha intensificado las acciones legales tras el trágico accidente del avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana. La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de El Alto emitió formalmente las órdenes de aprehensión contra los principales responsables del mando de la aeronave.

Cargos por negligencia operativa

Los oficiales Erick Rojas Zambrana y Jared Ramírez Espinoza han sido imputados bajo la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas. Este proceso penal se fundamenta estrictamente en los artículos 260 y 274 del Código Penal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las determinaciones de los fiscales de materia se sustentan en los hallazgos técnicos de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos. El informe concluye que la pérdida de 22 vidas fue el resultado directo de una cadena de errores operativos y factores humanos evitables.

Fallas críticas durante el aterrizaje

El peritaje técnico detalló que el piloto ejecutó una maniobra inadecuada al apoyar primero el tren de nariz sobre la pista de aterrizaje. Esta técnica resultó fatal debido a la intensa lluvia y el granizo que afectaban la visibilidad y adherencia en ese momento crítico.

Además, se estableció que la pista saturada de agua impidió que el sistema de frenado operara correctamente, derivando en un impacto en zona urbana. Las pérdidas materiales de la aeronave son millonarias, estimadas en cifras que superan los 5 millones de dólares.

Situación jurídica de los implicados

Se ha confirmado oficialmente que el piloto Erick Rojas Zambrana ya se encuentra bajo custodia policial tras ejecutarse el mandamiento de aprehensión. Por su parte, la justicia busca determinar el grado de responsabilidad del copiloto y del personal de instrucción en la torre de control.

En las próximas horas, los implicados serán puestos a disposición de un juez cautelar para definir su situación jurídica y las medidas cautelares. La sociedad civil y los familiares de las víctimas aguardan un resarcimiento por daños que podría ascender a miles de dólares.