¿Es legal la inspección vehicular ambiental municipal? Un experto lo aclara

Ante la polémica generada por la inspección vehicular ambiental realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), el constitucionalista Carlos Bellot aseguró que esta medida es legal, siempre que se respete el marco normativo vigente.

“La competencia de los municipios para preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente es exclusiva, según la Constitución Política del Estado (CPE, art. 302.I.5). Por lo tanto, no requieren subordinarse a leyes nacionales para este propósito”, explicó Bellot.

El especialista aclaró que los costos asociados a la inspección deben ser establecidos por una ley municipal, y no por reglamentos o decretos. “Si bien la inspección tiene un costo, este debe estar regulado en una ley. Cobros establecidos únicamente por reglamento serían ilegales, porque el ejecutivo solo ejecuta, no norma”, precisó.

Además, indicó que la obligación de realizar la inspección y las sanciones por incumplimiento deben estar claramente definidas en la Ley Municipal 1473/2024. “Si la ley no establece la sanción específica, no se puede penalizar al ciudadano. Un reglamento no puede suplir esta obligación”, remarcó.

Bellot también señaló que la inspección debe aplicarse únicamente a los vehículos registrados en cada municipio. “Cada gobierno municipal tiene competencia para aplicar esta obligación y las sanciones a los vehículos bajo su registro. Sin embargo, se recomienda que el Consejo Metropolitano acuerde políticas uniformes para toda la ciudad, de modo que exista control y obligatoriedad en todos los municipios”, añadió.

Sobre la inspección técnica vehicular impuesta por el gobierno central, Bellot subrayó que los municipios podrían oponerse en el futuro. “Mientras el gobierno central lo imponga, tiene la fuerza para hacerlo. Pero con la siguiente administración, los gobiernos municipales podrían tener mayor autonomía para implementar sus propias políticas ambientales”, concluyó.

Esta aclaración llega en un momento de debate sobre la legalidad y alcance de la inspección vehicular ambiental, que busca controlar la contaminación del aire generada por vehículos automotores, sin afectar derechos ciudadanos ni exceder las competencias municipales.

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