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“Es político, ya empiezan a hablar de escaños”, dijo Copa sobre el conflicto por el Censo

Según Copa, todas las autoridades quieren dinero de acuerdo al crecimiento poblacional para que puedan atender las necesidades en diferentes ámbitos, como salud, educación, caminos, entre otros.

31/10/2022 8:45

Alcaldesa Eva Copa. Foto: Captura video

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La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, calificó de político el paro cívico por el Censo 2023 que se cumple en Santa Cruz porque en el encuentro convocado por el presidente Luis Arce el representante del departamento cruceño habló más de escaños antes que de la redistribución económica en beneficio de la población.

“Es político, ya empiezan a hablar de escaños, no han hablado en ningún momento de plata, en toda la exposición no han hablado, que ellos han hecho de su propuesta del Censo, en ningún momento han hablado de la redistribución económica”, sostuvo.

Según Copa, todas las autoridades quieren dinero de acuerdo al crecimiento poblacional para que puedan atender las necesidades en diferentes ámbitos, como salud, educación, caminos, entre otros.

En ese sentido, la burgomaestre manifestó que está de acuerdo con la propuesta del Gobierno de que el Censo se realice el primer trimestre de 2024 y en octubre del mismo año se entreguen los resultados preliminares para dar curso a la redistribución económica.

“Si el Gobierno no está diciendo que puede ser el Censo el primer trimestre del 2024 y en octubre con los datos preliminares nos va a dar la distribución de plata, eso está perfecto, porque la plata debe llegarnos el 2025 y nos van a llegar con datos preliminares el 2024”, apuntó.

Copa, a tiempo de destacar “el valor” del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar para asistir al encuentro por el Censo, cuestionó al rector por pedir que el Censo se efectúe el año 2023 pese a que no habría las condiciones técnicas.

El encuentro que se realizó en Cochabamba el pasado viernes determinó dejar abierta la fecha para el desarrollo del Censo y dio un plazo de 30 días a los técnicos entre universidades, municipios y las gobernaciones para que planteen un cronograma de la gran encuesta.

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