Gobierno condena brutal atentado contra periodista en El Alto, gremio denuncia intento de asesinato

El Ministerio de Gobierno expresó este domingo su “profunda preocupación y enérgica condena” por el grave atentado contra un periodista ocurrido en la ciudad de El Alto, mientras que organizaciones de la prensa denunciaron que el hecho constituye un intento de asesinato destinado a silenciar su labor investigativa.

El caso fue dado a conocer por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), que informaron que el comunicador —cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad— fue interceptado la madrugada del jueves, alrededor de la 01:00, tras cubrir un acto de campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela.

De acuerdo con la denuncia, el periodista F.J.Z. abordó un taxi para retornar a su domicilio, pero en el trayecto fue reducido por desconocidos, quienes lo golpearon y le robaron sus equipos de trabajo. Posteriormente, fue arrojado a la vía pública, donde continuaron las agresiones físicas.

Según el reporte de las organizaciones de prensa, los atacantes le provocaron lesiones en el rostro y las costillas y, en un acto de extrema violencia, le cortaron la lengua con un objeto punzocortante, mientras proferían insultos y amenazas vinculadas a un trabajo periodístico que había publicado días antes.

“Las organizaciones de prensa sostienen que el hecho no puede interpretarse como un simple caso de inseguridad ciudadana, sino como un atentado directo contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país”, indica un comunicado oficial.

En esa línea, el secretario ejecutivo nacional de la CSTPB, Roger Romero, informó que la Confederación se declaró en estado de emergencia y exigió a las autoridades policiales y al Ministerio Público una investigación exhaustiva, incluyendo la triangulación de cámaras de seguridad para identificar a los responsables materiales e intelectuales.

“Exigimos una investigación profunda para que los autores sean procesados penalmente”, afirmó Romero, a tiempo de demandar garantías de protección para el periodista y su familia.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno expresó su “profunda preocupación y enérgica condena” por el grave atentado contra el periodista.

“El hecho constituye una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico y representa una amenaza directa contra la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales del sistema democrático”, señaló a través de un comunicado oficial.

En el pronunciamiento, se reafirmó el compromiso del Gobierno de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y se instruyó a las instancias competentes a coadyuvar en las investigaciones hasta lograr la identificación de los responsables.

“No permitiremos que este acto quede en la impunidad”, señala el documento, en el que también se expresa solidaridad con el periodista afectado, su familia y las organizaciones de la prensa del país.

El Ministerio de Gobierno remarcó que cualquier acto orientado a intimidar o silenciar a periodistas “resulta inaceptable y contrario a los principios del Estado de derecho”.