Ley exime de impuestos a la Iglesia y entidades sin fines de lucro

El Concejo Municipal de La Paz aprobó la Ley Municipal Autonómica de Exención de Impuestos y Condonación de Multas, Intereses y Sanciones a favor de entidades sin fines de lucro e instituciones de la Iglesia Católica, con el objetivo de otorgar seguridad jurídica y aliviar la carga tributaria de organizaciones que desarrollan labores sociales, educativas, religiosas y de beneficencia.

La normativa establece la exención del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) para entidades sin fines de lucro, así como del IMPBI y del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores (IMPVAT) para instituciones de la Iglesia Católica, en el marco de acuerdos suscritos entre Bolivia y la Santa Sede. Además, dispone la condonación total de multas, intereses y sanciones acumuladas entre 2012 y 2025, siempre que los beneficiarios regularicen el pago del tributo omitido hasta el 31 de diciembre de 2026.

El concejal Javier Escalier señaló que la ley responde a una problemática arrastrada durante años.

“Estamos dando una solución estructural a una situación injusta que afectaba a instituciones que no persiguen lucro y que cumplen un rol social fundamental”, afirmó. Añadió que la norma permitirá regularizar deudas generadas por interpretaciones restrictivas de la administración tributaria y “abrir un ciclo de seguridad jurídica”.

Entre los beneficiarios se encuentran asociaciones, fundaciones y organizaciones no lucrativas vinculadas a la asistencia social, educación, salud, cultura, deporte y medio ambiente, así como arquidiócesis, diócesis, parroquias y congregaciones religiosas. La ley también simplifica los requisitos para acceder a la exención; en el caso de la Iglesia Católica, bastará la certificación de la autoridad eclesiástica competente.

La aprobación de la norma surge tras denuncias de diversas instituciones que alertaron sobre la falta de aplicación de exenciones tributarias, pese a contar con respaldo legal, así como por la acumulación de deudas derivadas de la revocatoria de beneficios previamente otorgados.

El Ejecutivo municipal deberá reglamentar la ley en un plazo de 30 días tras su promulgación, lo que permitirá su implementación en beneficio de cientos de instituciones en la ciudad. Con información de ABI