El TED informó que revisará este y otros casos de autoridades electas observadas antes de emitir una determinación oficial sobre la entrega de credenciales.
06/05/2026 12:02
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El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba analizará en sala plena el caso de Roxana Bascopé Trujillo, la asambleísta departamental electa por la Alianza Unidos Por los Pueblos (AUPP), que no recibió su credencial debido a una observación vinculada a un antecedente penal.
Desde el ente electoral señalaron que no se trata de un caso aislado, ya que varias autoridades electas fueron observadas en la etapa final del proceso. En ese marco, indicaron que se realizará una revisión individual de cada situación para emitir una determinación oficial, incluyendo el caso de Bascopé Trujillo.
La observación surge a partir de un certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales, dependiente del Consejo de la Magistratura, que registra una sentencia ejecutoriada del 18 de junio de 1998 por transporte de sustancias controladas, bajo la Ley 1008, con una pena de cinco años y cuatro meses de reclusión.
Pese a este antecedente, la candidata fue habilitada, participó en la campaña y resultó electa en las urnas. La observación recién se formalizó en la etapa de entrega de credenciales, lo que derivó en su exclusión momentánea del proceso de posesión.
El caso fue denunciado por el asambleísta departamental de la alianza Libre, Edwin Jiménez.
Por su parte, Bascopé Trujillo reconoce el antecedente, pero sostiene que ya cumplió la condena y denuncia vulneración de sus derechos. Afirma que nunca fue observada durante la etapa de inscripción y cuestiona que la decisión se haya tomado al final del proceso.
Postura del TED
Desde el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba informaron que el caso será analizado en sala plena junto a otras observaciones detectadas en autoridades electas que no recibieron credenciales. Indicaron que se revisará cada situación de manera individual para emitir una determinación oficial.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre quién ocupará el escaño en caso de confirmarse la inhabilitación, en un escenario que vuelve a poner en debate la eficacia de los mecanismos de verificación y control dentro del proceso electoral.
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