El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, informó que el Gobierno impulsará auditorías técnicas y acciones coordinadas con el Ministerio Público y el Órgano Judicial para enfrentar los avasallamientos.
03/02/2026 9:34
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Tras la reinstalación de la Comisión Agraria Departamental en Santa Cruz, luego de dos décadas sin funcionamiento, el Gobierno anunció acciones concretas para enfrentar los avasallamientos y combatir la corrupción al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, calificó la instalación de esta instancia como un “hecho histórico” y destacó la participación de todos los sectores productivos del departamento en un espacio de diálogo sobre la problemática de la tierra.
“Quiero felicitar realmente al gobernador por haber instalado la Comisión Agraria Departamental después de 20 años. Es un acto histórico ver a todas las fuerzas vivas del departamento sentadas en una mesa, conversando sobre el tema tierra”, afirmó la autoridad.
Vaca Díez remarcó que el presidente Rodrigo Paz dio un mandato claro: cero tolerancia a los avasallamientos y a las mafias incrustadas en el INRA, señalando que durante los últimos años esta institución fue utilizada para el tráfico de influencias y tierras.
“Hoy no se va a tolerar eso. El INRA vuelve a tecnificarse y a cumplir el rol para el cual fue creado”, sostuvo.
En ese marco, informó que se posesionó a Mónica Justiniano como nueva directora departamental del INRA en Santa Cruz, a quien describió como una profesional técnica e íntegra, encargada de conducir el proceso de saneamiento de tierras que aún resta por regularizar.
Respecto a los procesos contra avasalladores, el viceministro indicó que existen expedientes que permanecieron paralizados durante años y que ahora se impulsarán auditorías técnicas y se exigirá celeridad al Ministerio Público y al Órgano Judicial.
“El avasallamiento es un delito y tiene que ser sancionado. Tiene que haber detenidos y sentencias, todo en el marco de la ley”, enfatizó.
Asimismo, aclaró que no se requieren reformas legales, ya que el Código Penal establece claramente el delito de avasallamiento, sino voluntad institucional para aplicar la norma y garantizar seguridad jurídica.
“Seguridad jurídica es igual a inversiones. Si hay inversiones, hay producción y seguridad alimentaria para el país”, señaló.
Finalmente, Vaca Díez reiteró que el Gobierno no encubrirá a ningún avasallador y que se exigirá que las investigaciones avancen hasta identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales en todo el país.
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